En estos momentos, es el Gobierno Vasco quien mejor tiene transparentada su estrategia para lograr la cesión de las competencias de los puertos y aeropuertos de interés general.
De acuerdo con los documentos manejados durante la pasada legislatura con el Gobierno de Pedro Sánchez, en el caso concreto de los puertos, el Gobierno Vasco desea obtener la competencia de de Bilbao y Pasaia, para lo cual es necesario modificar la legislación, que en la actualidad reserva dicha competencia al Estado al tener la consideración de puertos de interés general.
A la espera de lograr dicha reforma legislativa, el Gobierno Vasco aspira a obtener el ejercicio de las siguientes funciones ejecutivas: la prestación de los servicios generales y la gestión y control de los servicios portuarios; la ordenación de la zona de servicio del puerto y de los usos portuarios; la proyección, construcción, conservación y explotación de las obras y servicios del puerto y de las señales marítimas que se les encomienden; la gestión del dominio público portuario y de señales marítimas que les sean adscritas; el fomento de las actividades industriales y comerciales relacionadas con el tráfico marítimo o portuario; y la coordinación de las operaciones de los distintos modos de transporte en el espacio portuario y del tráfico portuario (incluidas las mercancías peligrosas).
En cualquier caso, el objetivo final es asumir íntegramente las competencias de los puertos de Bilbao y de Pasaia con el objetivo de ejercer plenamente las funciones recogidas en el artículo 26 de la Ley de Puertos, es decir, con el objetivo de asumir exactamente todas y cada una de las funciones que ahora mismo tienen encomendadas las autoridades portuarias.
Descalificación y segregación
Como vías intermedias para acceder a las competencias sin necesidad de modificar la Constitución y el Estatuto, el Gobierno Vasco defiende como un primer paso el lograr la descalificación del Puerto de Pasaia como de interés general argumentándose que este enclave no cumple los criterios para dicha calificación.
En segundo lugar, en el caso del Puerto de Bilbao, se defiende la posibilidad de la segregación de espacios y que algunos de ellos, al no estar vinculados al uso comercial, pasen a manos de la comunidad autónoma.