ANAVE ha elaborado un documento dirigido a los partidos políticos con 20 medidas para relanzar el transporte marítimo en España y tres objetivos fundamentales: promoción del modo marítimo, como alternativa sostenible de transporte; mejora adicional de la sostenibilidad del transporte marítimo; e impulso del transporte marítimo como vector de desarrollo económico y de creación de empleo.
Este último apartado, de gran trascendencia para el sector, contiene un total de ocho medidas orientadas a la mejora de la competitividad de los buques mercantes de bandera española, siendo la propuesta fundamental de ANAVE “centralizar todas las competencias administrativas relativas a los buques del Registro Especial de Canarias (REC) en un único organismo, dependiente de la Dirección General de la Marina Mercante con el objetivo de racionalizar la gestión administrativa del mismo y facilitar la necesaria adaptación de sus normas laborales, técnicas y de inspección a la práctica internacional”.
En tanto no sea efectiva esta centralización que permita la reforma del REC, ANAVE demanda un total de siete medidas transitorias que son: reforzar la seguridad jurídica del enrole de marinos no nacionales de la UE en los buques del REC, desligándolo de la aprobación trimestral del Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura; eximir a los marinos no nacionales de la UE de la obtención de visados para su enrole en buques del REC; concentrar en un único organismo las inspecciones físicas de los buques mercantes españoles relativas al Convenio sobre el Trabajo Marítimo de la OIT; permitir a las empresas de seguridad privada a bordo de buques españoles subcontratar estos servicios con empresas extranjeras acreditadas en otros Estados de la UE; y ampliar las posibilidades para llevar a cabo inspecciones en España en días festivos, fines de semana o fuera de los horarios laborales ordinarios
Además, también como medidas transitorias se propone el tratamiento específico de los seguros de Protección e Indemnización (P&I), remitiéndolos a sus propias pólizas y reconociendo la acción directa del perjudicado sólo en los casos en que así está previsto en los Convenios internacionales o en las normas de la UE; así como que, en las infracciones cometidas durante la navegación, se consideren responsables a los miembros de la tripulación que las cometan, sin perjuicio de la responsabilidad civil del armador.
Más allá de la propuesta de un único órgano de gestión para el REC, ANAVE demanda la aplicación de la posibilidad de ampliar caso a caso el porcentaje de marinos no UE, prevista en la Ley de Puertos y Marina Mercante, así como alinear las normas sobre jornada de trabajo y descansos con los mínimos establecidos en los convenios STCW y MLC.
Agencias de empleo ad hoc
También se demanda regular las agencias de empleo de marinos con una norma ad hoc, además de que se aplique con flexibilidad a las empresas navieras la ley de prevención de riesgos laborales, considerando cumplidos los requisitos contenidos en convenios internacionales.
Por último, se pide que las subvenciones al enrole de alumnos de náutica en prácticas pasen de 185.000 a 600.000 euros y que se admita el trabajo a bordo de buques mercantes como supuesto válido para el Contrato por Obra o Servicio Determinado.