Desde 1999, existe en los Presupuestos Generales del Estado una partida de 40 millones de euros para conceder avales del Estado para la inversión por parte de las empresas navieras españolas.
Esta partida, de nuevo contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para 2019, hace 10 años que no se utiliza en la práctica, según ANAVE, es decir, hace 10 años que no se concede ningún aval, “principalmente porque las normas vigentes de concesión exigían aportar a favor del Estado una contragarantía hipotecaria en iguales condiciones que la primera hipoteca del buque, condición que eliminaba la utilidad del aval”, argumenta la patronal, que recuerda que estos avales podían también aplicarse a la adquisición de buques nuevos.
Esta posibilidad ya no se contempla porque desde el año pasado, mediante los cambios introducidos en la Ley de Presupuestos de 2018, se acordó que a partir de ahora los avales tendrán por objeto garantizar las obligaciones derivadas de operaciones de crédito concertadas por empresas navieras domiciliadas en España destinadas a la modernización de sus flotas mediante la transformación de buques registrados y abanderados en España o en otro Estado miembro de la Unión Europea, no superiores a 15 años de antigüedad, para utilizar GNL como combustible, instalar depuradores de gases de exhaustación de los motores o instalar sistemas de tratamiento de aguas de lastre.
Las condiciones de otorgamiento de los avales permitirán que hasta el 70% de estas inversiones se garantice con aval del Estado, lo que según ANAVE facilitaría notablemente la financiación.
Por otra parte, ese 70% supondría cantidades entre 0,35 y 8 millones de euros, siempre inferiores al 10% del valor del buque, según los cálculos de ANAVE, permitiendo reconsiderar el requisito de aportar la contragarantía hipotecaria, que era lo que hasta ahora ha imposibilitado la concesión de los avales.
Para la aplicación de estos avales en las nuevas condiciones aprobadas el año pasado es necesaria una modificación de la Orden 2986/2008, algo que ANAVE ya ha solicitado a la Dirección General de la Marina Mercante, estando a la espera de que se apruebe el nuevo texto normativo.