En dicha carta, Asoport fija su posición en torno al real decreto ley en el que el Gobierno trabaja para dotar de seguridad jurídica a los Centros Portuarios de Empleo, rechazando con dureza Asoport esta iniciativa normativa y denunciando que, a su juicio, el objetivo es restituir el modelo previo a la liberalización, transformando los CPE en “proveedores cuasimonopolísticos” de mano de obra en los puertos españoles.
En su carta, en la que Asoport contraargumenta los preceptos del borrador del real decreto ley, la patronal denuncia que el Gobierno “claudicando a la presión sindical, pretende dar satisfacción sindical a la pretensión de restituir los derogados privilegios de la SAGEP en los nuevos Centros Portuarios de Empleo, acudiendo a la ficción de considerar que las empresas estibadoras tienen ‘mutualizado’ el personal en dichos CPE”.
Para Asoport, “con este indisimulado ejercicio de moldear la realidad a conveniencia del redactor de la norma, se pretende restaurar la posición preeminente de los CPE como proveedor cuasimonopolístico de mano de obra en los puertos”.
Se trataría, a juicio de Asoport, de “volver al denostado sistema anterior, considerado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como abiertamente contrario al Tratado Fundacional de la Unión Europea”.
Por otro lado, desde la patronal de estiba también se denuncia que el objetivo que se persigue con el nuevo real decreto ley es “un vano intento de dar base legal al borrador del V Acuerdo Marco de la Estiba”, es decir, “bendecir” la, a su juicio “manifiesta ilegalidad del mismo”, que Asoport recuerda que fue “corroborada en tres ocasiones por la CNMC” y que para la patronal “resulta insostenible tras la importante sentencia de la Audiencia Nacional de 31 de mayo de 2021”, sentencia que hay que recordar que se produjo tras una denuncia de la propia Asoport.
“Petrificar”
Desde la patronal, en la carta se insiste que la reforma legislativa en curso “pretende ‘petrificar’ el régimen anterior declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, además de lamentarse que el instrumento legal por el que se vaya a optar sea un real decreto ley, calificando de “insostenible”, la “vía de urgencia” elegida.
“No existe ninguna razón de ’extraordinaria y urgente necesidad’ que justifique el excepcional recurso normativo del real decreto ley”, se afirma en la carta, reclamando Asoport que las Cámaras tengan “la necesaria reflexión” y “todos los elementos de juicio necesarios” a la hora de pronunciarse sobre esta reforma.
Es muy importante subrayar, dada la ascendencia de la Comisión Europea en este proceso, que Asoport recuerda en su carta que “las autoridades europeas están monitorizando con interés este proceso legislativo y Asoport insistirá frente a dichas autoridades para poner de manifiesto el significado real y las implicaciones prácticas que comportaría la aprobación de esta nueva normativa “, se asegura.
Claras involuciones
En definitiva, Asoport reclama al Organismo Público Puertos del Estado y al Ministerio de Transportes que se tengan en cuenta las “claras involuciones para retornar al sistema de provisión de mano de obra de la estiba abiertamente declarado contrario al ordenamiento comunitario” contenidas a su juicio en el borrador de real decreto ley.
Por eso solicita a OPPE y al Ministerio que “hagan una fundada valoración de la normativa en curso para adecuarla a la referida sentencia y al ordenamiento comunitario”.
Asoport “seguirá insistiendo en esta flagrante contradicción ante las autoridades europeas” recuerda la patronal como advertencia, no sin dejar de precisar que “si 7 años después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea las empresas siguen ancladas en las SAGEP (ahora denominados CPE) sin apenas fisuras, y la mano de obra de la estiba se sigue proporcionando por dichas SAGEP en términos similares a lo que sucedía antes de la referida sentencia, es evidente que no es por voluntad de las empresas estibadoras”.
“Y esto Puertos del Estado lo conoce sobradamente”, concluye la carta.
Tal y como viene informando Diario del Puerto, el Gobierno prevé aprobar antes de fin de año un real decreto ley para garantizar la seguridad jurídica de los Centros Portuarios de Empleo y permitir la aprobación del V Acuerdo Marco, todo ello de forma consensuada con los firmantes del mismo, los sindicatos y la patronal Anesco.
“Claudicando a la presión sindical, el Gobierno pretende dar satisfacción sindical a la pretensión de restituir los derogados privilegios de la SAGEP en los nuevos Centros Portuarios de Empleo”
EL DATO
Lo Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias (Asoport) está presente en la actualidad en 22 de las 28autoridades portuarias del sistema portuario español. Las 47 licencias de la asociación realizaron en 2017 (últimos datos publicados) un total de 19.189 jornales en el sistema portuario español. Este dato supondría según Asoport una representatividad empresarial en el entorno del 30%.
Joaquim Coello, presidente de Asoport. ACCIÓN INSTITUCIONALLa carta remitida por Joaquim Coello, como presidente de la Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias (Asoport), se enmarca en la acción para hacer llegar su posición detallada sobre la situación de la liberalización de la estiba en España a todas las instituciones públicas implicadas en el proceso.De esta forma, la carta, además de haber sido remitida a Francisco Toledo, presidente de Puertos del Estado, ha sido también enviada a Isabel Pardo de Vera, secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; a Cani Fernández Vicién, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC); a Adina Vălean, comisaria Europea de Transporte; y a Nicolas Schmit, comisario Europeo de Empleo y Derechos Sociales.
LOS PUNTOS DEL BORRADOR DEL RDL QUE RECHAZA ASOPORT En la carta remitida a Puertos del Estado y al resto de instituciones públicas implicadas en el proceso de liberalización de la estiba, Asoport señala los que son a su juicio los cuatro puntos del borrador de real decreto ley que son contrarios a los mandatos del Tribunal de Luxemburgo en su sentencia de 2014.El referido borrador persigue la reforma de la Ley de Empresas de Trabajo Temporal con la inclusión de un nuevo apartado en el que se recoge que para la consecución del objeto social de los CPE las empresas socias deberán contribuir a una serie de obligaciones. Las que Asoport rechaza de plano son:a) Contribuir al mantenimiento del empleo en el centro portuario de empleo y garantizar la ocupación efectiva de su personal (...)La negociación colectiva establecerá las especificaciones necesarias para el desarrollo de esta obligación, particularmente mediante la fijación de nombramientos, turnos u otros sistemas de organización y distribución del trabajo que contribuyan a la estabilidad en el empleo.
Según Asoport, se busca invertir el principio de jerarquía normativa. España “se arriesga con este real decreto a un nuevo incumplimiento de la sentencia de 2014”
b) Colaborar en la formación, perfeccionamiento y promoción profesional del personal del centro portuario de empleo.c) Participar en la puesta en práctica de las medidas dirigidas a evitar o reducir los despidos colectivos y en las medidas sociales de acompañamiento, como las de recolocación que, conforme a lo previsto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, pudieran acordarse en el Centro Portuario de Empleo.Mediante la negociación colectiva sectorial estatal se podrán establecer criterios para determinar los trabajadores incluidos en estas medidas ylos procedimientos para aplicarlas.d) Si de la salida de una empresa del CPE se derivasen efectos en el empleo del personal del centro, la empresa saliente deberá participar en las medidas sociales a las que se refiere el artículo 18.3 de la norma.Ante estas obligaciones recogidas en el borrador de real decreto ley, como planteamiento general Asoport manifiesta “categóricamente que las iniciativas normativas que se están desarrollando no solo generarían distorsiones a la competencia y pondrían en entredicho el cumplimiento de los mandatos establecidos por el Tribunal de Luxemburgo en su sentencia de 11 de diciembre de 2014, sino que, además, parecen tener por objeto invertir el principio de jerarquía normativa, ajustando la ley al convenio (esto es, a la propuesta de V Acuerdo Marco de la estiba) y no al revés, todo ello con el inútil objetivo de sortear las observaciones que este organismo formuló a los sucesivos borradores del V Acuerdo Marco, las sanciones impuestas por el Consejo de la CNMC y la sentencia de la Audiencia Nacional”.Bajando al detalle, Asoport considera en primer lugar que el real decreto ley “parece pretender que la empresa estibadora tenga que acudir prioritariamente a contratar a estibadores de los CPE en lugar de acudir a otras ETT”. Para disimularse esta preferencia, denunciada por la sentencia del Tribunal de la UE, se invoca “el derecho a la ocupación efectiva del personal y llamando a la negociación colectiva para establecer la forma en que se organizará esta contratación con el objetivo de cumplir con esa estabilidad en el empleo”, alerta Asoport.En segundo lugar, ante la obligación para el CPE de colaborar en la formación del personal, Asoport afirma que “la formación y las dificultades de acceso a la profesión han sido, como es bien sabido, un mecanismo tradicional de control sindical del acceso. Por tanto, esta obligación legal que quiere introducirse, aparentemente neutra, no pretende sino consagrar los obstáculos existentes al acceso a la profesión”.En cuanto a las medidas para evitar o reducir los despidos, para Asoport suponen incorporar restricciones a la posibilidad de que una empresa estibadora pueda salir de un CPE al dar soporte legal a soluciones de subrogación, restricciones que según afirma Asoport la CNMC no validó en las sucesivas revisiones del borrador de V Acuerdo Marco.Como conclusión, Asoport alerta de que España “se arriesga” con este real decreto a un nuevo incumplimiento de la sentencia de 2014 del Tribunal de Luxemburgo.