TARRAGONA. Port Tarragona ha publicado en el BOE de 6 de enero de 2023 la puesta a disposición del público del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Contradic de Ponente del Port de Tarragona” y de la memoria técnica correspondiente, con el objetivo de que el público en general y aquellas personas o entidades que se consideren interesadas puedan presentar alegaciones y sugerencias durante un período de 30 días hábiles.
Este proyecto, sujeto a evaluación de impacto ambiental ordinaria por parte de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tiene como objetivo mejorar las infraestructuras portuarias de Tarragona y aumentar su competitividad con el mínimo impacto ambiental posible. Esta obra permitirá el desarrollo de nuevos espacios en una zona del puerto hasta ahora expuesta a las inclemencias meteorológicas.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona, Saül Garreta, considera este proyecto “una oportunidad para estabilizar la playa de la Pineda teniendo en cuenta los factores derivados de esta infraestructura y también el efecto del cambio climático sobre esta parte de la costa hasta el año 2100, de acuerdo con el trabajo conjunto que está realizando el Port con el Ajuntament de Vila-seca con el soporte técnico del Instituto Hidrográfico de la Universidad de Cantabria y otras empresas expertas del sector”.
La Autoridad Portuaria de Tarragona ha contratado asistencia técnica a Tecnoambiente S.L.U. para realizar el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). Este documento recoge toda la información necesaria para la tramitación de evaluación de impacto ambiental tal y como recoge la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Esto incluye, a grandes rasgos, un inventario ambiental donde se describen las condiciones actuales del medio, la descripción del proyecto a ejecutar y el estudio de alternativas, el análisis de los impactos previstos a consecuencia de la ejecución del proyecto, el planteamiento de las medidas reductoras de los impactos potenciales; y finalmente la definición de un programa de vigilancia ambiental (PVA) que permita el seguimiento de los efectos reales y su evolución.