Belén Hoyo, diputada por Valencia del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, lanzó recientemente una batería de siete preguntas al Ejecutivo acerca del proyecto. En concreto, la parlamentaría se interesó por la postura del Gobierno acerca de la infraestructura, su impacto económico y en el empleo, la posible existencia de argumentos técnicos en contra, las conclusiones del informe elaborado por Puertos del Estado, así como una valoración de la importancia del proyecto para la Comunitat Valenciana y España y de los últimos movimientos políticos realizados en el seno del Gobierno valenciano en contra de la Terminal Norte.
Pues bien, en esa respuesta parlamentaria, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes se vale del estudio realizado por la UPV para responder a parte de esas preguntas parlamentarias.
Según el escrito, “el impacto económico está respaldado por el estudio encargado por la Confederación de Empresarios de la Comunitat Valenciana, la Cámara de Comercio de Valencia y Propeller Valencia, que calcula que la nueva terminal generará 6.000 nuevos empleos (directos, indirectos e inducidos) cuando esté operativa y 600 millones de valor añadido a la Comunidad Valenciana (un 2,27% del total)”.
El Ejecutivo Central añade que “lo anterior va a contribuir a incrementar la posición estratégica del puerto como herramienta para mejorar la competitividad de la Comunitat Valenciana y, en consecuencia, a estimular la economía”.
"La nueva terminal generará 6.000 nuevos empleos (directos, indirectos e inducidos) cuando esté operativa y 600 millones de valor añadido a la Comunidad Valenciana (un 2,27% del total)
Valoración políticaPor otro lado, en esa respuesta el Gobierno advierte, volviendo a hacer suyos los argumentos del estudio realizado por la UPV, que “de no ejecutarse la nueva terminal, la capacidad del recinto portuario se agotará, ya que la previsión es que el tráfico crezca hasta los diez millones de TEUs en el año 2050”.
Así y todo, el Gobierno no ha querido entrar a valorar la situación de confrontación política que en este tema mantienen los socios del Gobierno de la Generalitat Valenciana, que comparten PSPV-PSOE, Compromís y Podemos.
Con todo, la utilización del estudio elaborado por la Universidad Politécnica de Valencia para responder a una pregunta parlamentaria fija una nueva posición oficial más clara en el Gobierno Central, que apremia a la puesta en marcha del proyecto, ya que “la explotación de la futura terminal de contenedores será probablemente una de las inversiones privadas más importantes de los próximos años en España y situará a Valencia en una situación muy competitiva”.
La APV mantiene un “rigor máximo” en todo el procesoLa Autoridad Portuaria de Valencia ha querido mantenerse al margen del ruido político asociado al proyecto desde el principio. El presidente de la entidad portuaria, Aurelio Martínez, se ha decantado siempre por acogerse a criterios técnicos, jurídicos y ambientales y dejar de lado argumentos políticos.
Así, las fuentes de la APV consultadas por este Diario mantienen que el camino a seguir hasta la adjudicación definitiva del proyecto “es el que hemos mantenido hasta ahora: rigor máximo en el cumplimiento de todos y cada uno de los pasos a dar en el proceso, y un seguimiento escrupuloso de todas y cada una de las normas y leyes ambientales y administrativas, como no puede ser de otra manera”.
La APV no quiere dejar ningún cabo suelto, más teniendo en cuenta que, una vez se produzca la adjudicación definitiva de la gestión de la terminal, por un lado, y se licite el proyecto constructivo -una tarea que debe realizar la propia APV y que debe acometerse antes de que el terminalista pueda iniciar a desarrollar sus planes-, por otro, se presenten recursos administrativos y judiciales por parte de los detractores del proyecto, algo ya anunciado antes incluso de que ese proyecto constructivo reciba el visto bueno de Puertos del Estado.
"La explotación de la futura terminal de contenedores será probablemente una de las inversiones privadas más importantes de los próximos años en España y situará a Valencia en una situación muy competitiva
Restauración del sistema dunarLa respuesta elaborada por el Gobierno a las preguntas de la diputada del PP contiene también parte de las actuaciones que en materia ambiental está realizando la Autoridad Portuaria de Valencia para compensar el efecto de las sucesivas obras que ha acometido el puerto.
En ese sentido, el Gobierno asegura que “la Autoridad Portuaria de Valencia tiene en su plan de inversiones una partida dedicada a seguimiento ambiental y medidas compensatorias que asciende a seis millones de euros”. Entre estas actuaciones se encuentra la restauración del sistema dunar de la playa de La Creu de la localidad valenciana de El Saler que, “con un presupuesto de 650.000 euros, se ejecutará de octubre a febrero (fuera de la temporada de baños y nidificación).
La APV realiza un seguimiento periódico de la incidencia de las obras de la Ampliación Norte en las playas del norte y sur de la ciudad de Valencia, tal y como establece la Declaración de Impacto Ambiental aprobada en el año 2007.