CÁDIZ. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha señalado que la compañía “hace dos años que espera la resolución del Consejo de Ministros que permita la instalación hotelera en la zona, imprescindible para la ejecución del proyecto”.
La APBC inició el trámite de competencia de la concesión en febrero de 2018, aprobando el Consejo de Administración el otorgamiento de la misma en el mes de abril del mismo año, estando condicionada la concesión al levantamiento por el Consejo de Ministros de la prohibición de instalaciones hoteleras en el dominio público portuario y, a la retirada de la afección del edificio.
Es decir, existían dos trámites distintos: Por un lado, el levantamiento del Consejo de Ministros y, por otro, la retirada de la afección del edificio.
El 11 de mayo de 2018 la APBC comunica a Puertos del Estado el acuerdo del Consejo de Administración, solicitándose la emisión de informe favorable y el inicio de la tramitación del levantamiento de la prohibición de instalaciones hoteleras en espacios de dominio público portuario .
Respecto al trámite para la retirada de la afección del edificio, la Autoridad Portuaria comunica el 26 de octubre de 2018 al Ayuntamiento la solicitud de inicio de procedimiento de modificación puntual de PGOU, que culmina en marzo de 2022 con el acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Cádiz de aprobar definitivamente la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbanística de Cádiz relativa al edificio Ciudad del Mar, con objeto de excluirlo del Catálogo de Bienes Protegidos. Por lo tanto, en marzo de 2022 se supera el primero de los dos trámites: la retirada de la afección del edificio.
Una vez alcanzado este primer hito, el 9 de mayo de 2022, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz remite a Puertos del Estado el acuerdo de Pleno con la actualización del expediente para que se pueda desbloquear el segundo trámite: la tramitación ante el Consejo de Ministros del levantamiento de la prohibición de una instalación hotelera en la zona de Puerto América, que dos años después no se ha producido.
En todo este tiempo, la Autoridad Portuaria ha reiterado en numerosas ocasiones la necesidad de agilizar este trámite, imprescindible para la viabilidad del proyecto, no habiéndose conseguido y provocando, finalmente, la renuncia por parte del promotor privado.