El sector agradece las medidas de flexibilización aprobadas hasta ahora por las distintas autoridades portuarias, pero considera que el real decreto que prepara el Gobierno a propuesta de Puertos del Estado es un paso que va más allá y que es necesario dada la durísima situación económica que se perfila a nivel general y de manera particular en el sector portuario.
Para la Asociación Española de Consignatarios de Buques (ASECOB), las medidas de flexibilización aplicadas por cada autoridad portuaria en materia de tasas “no son suficientes”.
“Nosotros demandamos un marco jurídico adecuado para que tanto OPPE como las autoridades portuarias puedan tomar las medidas necesarias y adecuadas para intentar paliar el impacto inicial de esta crisis”, para lo cual es necesario una herramienta como el real decreto que propone Puertos del Estado, detalla Julio Fernández, director general de ASECOB.
Para la patronal de consignatarios, no hay que olvidar que “las tasas portuarias tienen consideración de deuda tributaria y están sujetas a la Ley de Puertos y a la Ley General Tributaria. Agradecemos sin ninguna duda las acciones tomadas ya por algunas autoridades portuarias, mostrando valentía y predisposición, pero no deseamos eventuales riesgos de reclamaciones administrativas posteriores. La modificación formal de normativa, de importante ha pasado también a ser urgente”.
En este contexto ASECOB demanda que las medidas en las que trabaja Puertos del Estado no sólo sean aprobadas para su aplicación durante el estado de alarma.
“Sin duda, la recuperación del comercio no solo va a ser lenta, si no que además se abren nuevos escenarios en cuanto a la localización de la producción y los puertos españoles han de ser más competitivos que nunca, porque la competencia será feroz”, afirma el secretario general de ASECOB con el fin de demandar que se prolonguen las medidas como mínimo mientras dure la crisis económica y se defina el nuevo contexto internacional.
Para Julio Fernández, además, “los puertos españoles, con alguna excepción, ganan dinero y disponen de tesorería más que suficiente para afrontar esos ajustes. Y no solo son los puertos, otros actores, como los servicios portuarios, también deberían contribuir al esfuerzo colectivo”.
“Es necesario aplicar medidas que ayuden a restablecer el equilibrio económico de los contratos”, defiende PIPE
Esta posición es también la defendida por la Plataforma de Inversores en Puertos Españoles (PIPE). Para su vicepresidente ejecutivo, José Luis Almazán, “ante todo hay que reconocer el magnífico trabajo de Puertos del Estado y de su presidente. Lo está haciendo fenomenal empujando y moviendo recursos y estamos muy agradecidos”.
A partir de aquí, “es una buena medida la propuesta de tasas”, detalla Almazán, si bien “debe ir acompañada de su aplicación durante todo el tiempo que dure la crisis fruto de la pandemia y hasta que se supere el impacto de la contracción económica y no sólo durante el estado de alarma”, precisa.
A este respecto, Almazán recuerda que podemos hablar de horizontes de dos años de crisis con lo que eso puede suponer de impacto en los contratos de prestación de servicios y de explotación de concesiones.
“Es necesario aplicar medidas que ayuden a restablecer el equilibrio económico de los contratos. Una opción puede ser permitir subir las tarifas, pero nosotros somos partidarios de ampliar los plazos concesionales y los plazos de licencias de prestación de servicios para ayudar a recuperar las inversiones”, concluye el vicepresidente ejecutivo de PIPE.
En este ámbito de las medidas complementarias a la propuesta de OPPE, desde ASECOB se recuerda que “el consignatario es el ‘pagador’ en los puertos, como sujeto pasivo; en nosotros recaen las tasas, las tarifas de servicios, aprovisionamientos... incluso la tasa de ocupación, y en una gran mayoría de los casos se hace sin provisión de fondos”.
Según Julio Fernández, “tenemos ya muchos clientes que nos están demorando pagos y nosotros hemos de seguir ciñéndonos a plazos estrictos. El flujo de tesorería es nuestra mayor preocupación, así como los condicionantes de volumen o tráfico de concesiones o autorizaciones. La bajada de tasas es muy importante para la recuperación y competitividad de nuestros puertos y no renunciamos a ellas, pero también debería tenerse en cuenta las simplificaciones administrativas, de gestión y fomento de intercambios telemáticos, que deberían haber llegado para quedarse”.
Entre "mañana" y "varias semanas"
El escenario de aprobación en Consejo de Ministros del nuevo Real Decreto Ley de Medidas de los Puertos para paliar el Impacto del Covid-19 es incierto. Distintas fuentes portuarias aseguran a este Diario que desde el ente gestor de puertos se les ha informado que lo previsto es que "mañana" el Gobierno apruebe el texto normativo.
No obstante, la ministra de Hacienda, cuyo Ministerio es el que más objeciones ha puesto al real decreto, precisó el jueves a Diario del Puerto que el contenido del real decreto se conocerá en las “próximas semanas”.
Sea cual sea el contenido definitivo del real decreto, del que OPPE guarda prudente silencio, el proyecto inicial plantea rebajas y bonificaciones en la tasa portuarias, entre ellas la tasa de ocupación o la tasa del buque, con diversos procedimientos de cálculo y sectores implicados en función del impacto real del estado de alarma y del cese o limitación de las actividades derivado del mismo.
ANESCO urge a aprobar el real decreto cuanto antes
Fuentes de la patronal de empresas estibadoras ANESCO aseguraron el viernes a Diario del Puerto que la propuesta de rebaja de las tasas portuarias de Puertos del Estado “es una de las medidas de carácter estructural que viene reclamando desde hace años la patronal de la estiba en aras de mejorar la competitividad del sector portuario español”.
Para ANESCO, “la rebaja de la presión fiscal sobre las empresas es uno de los aspectos que ANESCO considera vitales por lo que urge al Gobierno a que apruebe cuanto antes el Real Decreto anunciado”, y que la patronal de la estiba insiste “en la necesidad de reducir la tasa de ocupación y una mayor flexibilidad en el conjunto de las tasas portuarias”.
Para la patronal de empresas del sector de la estiba “es preciso aplicar cuanto antes este tipo de medidas pues la situación actual derivada de la crisis sanitaria ha provocado una reducción de tráficos en torno al 40% (con una previsión de mayor descenso en los próximos meses) y ha incrementado considerablemente los gastos de las empresas terminalistas (desinfección de maquinaria, limpieza, segregación de persona) para poder garantizar la prestación de un servicio esencial como la estiba”.