En ese sentido, los profesionales consultados por Diario del Puerto reconocen que esa judicialización estará presente a lo largo de los próximos años, aunque descartan que pueda afectar de manera directa. De hecho, todas las asociaciones profesionales confían en la pulcritud de todos y cada uno de los pasos que la APV ha seguido hasta el momento, destacando asimismo los informes que tanto Puertos del Estado como el Ministerio de Transición Ecológica han emitido reafirmando la validez de la Declaración de Impacto Ambiental de 2007.
No obstante, desde todas las asociaciones profesionales destacan que una paralización cautelar de las obras derivada de esa judicialización sí sería perjudicial para el proyecto y, consecuentemente, para la competitividad del Puerto de Valencia.