De este modo, “se desestima el recurso de apelación interpuesto por Juan y Rosa María Oriol –antiguos accionistas de la compañía– contra el auto de archivo que había dictado el Juzgado de Instrucción nº 4 de Tarragona, y se da la razón a los querellados -los directivos de Euroports Ibérica TPS- y al Ministerio Fiscal, que se habían opuesto al recurso”, señalan.El auto de la Audiencia Provincial de Tarragona confirma que todas las decisiones adoptadas por Euroports Ibérica TPS en referencia al reembolso de la Tarifa T-3 son conformes a derecho y “tienen el claro objetivo de reembolsar a sus legítimos beneficiarios las cantidades cobradas en su día por la Autoridad Portuaria de Tarragona y posteriormente declaradas no conformes a la ley, tal y como se expuso en nuestra nota de prensa de fecha 30 de enero de 2012”, añaden. Los reembolsos se realizaron siguiendo un estricto protocolo, de forma totalmente ajustada la legalidad, con absoluta transparencia y con el conocimiento de los antiguos propietarios de la compañía. “Reiteramos –concluyen– que el único objetivo de Euroports Ibérica TPS a lo largo de este proceso ha sido el de reembolsar todo el dinero correspondiente a la T-3 a sus legítimos beneficiarios, al tratarse de un impuesto que fue cobrado incorrectamente a sus clientes”.