VALENCIA. Al nuevo régimen de comercio de derechos de emisiones (ETS), que ya lleva un año en vigor, se le suma desde el pasado 1 de enero la nueva normativa FuelEU Maritime, que exige a las navieras y puertos la sustitución de los actuales combustibles fósiles por otros menos contaminantes, hasta llegar al 80% de reducción en la emisión de gases de efecto invernadero en el año 2050.
La implementación de estas dos normativas ha supuesto, por un lado, un aumento de costes para las compañías navieras -que ya están repercutiendo en sus clientes- y, por otro, un aumento de la incertidumbre, ya que aún son muchas las dudas que quedan por resolver.
La Comisión Europea aún no ha publicado el informe sobre el impacto que el nuevo régimen de comercio de derechos de emisión tiene en el transporte marítimo, un compromiso que adquirió cuando entró en vigor la norma. Aunque las propias compañías navieras sí se han preparado para ese impacto, la industria sólo tiene la certeza de que esta normativa seguirá como hasta ahora en 2025, a expensas de que la petición de España y una decena de países más relativo a la elaboración de un plan de contingencia pueda cristalizar en alguna medida concreta.
