Esta medida se ha aprobó durante el último Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón, celebrado el pasado miércoles, en el que también se analizaron los tráficos registrados durante los diez primeros meses del año, que mantienen la tónica general del resto del ejercicio con una bajada del 10% respecto al mismo período del año anterior.
Tráficos hasta octubre
Así, octubre cerró con un total de 16,28 millones de toneladas movidas, de las cuales 10,59 corresponden a la terminal de carbón de la EBHI. Una vez más, la caída se explica por el notable descenso en los movimientos de carbón térmico, que pasaron de los 4,49 millones de toneladas a los 2,79 millones; es decir, un 37,71% menos. Por otro lado, se consolida el crecimiento del tráfico de contenedores, que roza ya las 800.000 toneladas, un 3,87% más que en los primeros diez meses de 2017.
Zalia
Asimismo, el Consejo también aprobó la formalización en el Plan de Empresa 2019 del acuerdo alcanzado con Puertos del Estado que incluye, entre otros puntos, la concesión de un préstamo a largo plazo para la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia) por valor de 772.900 euros y la conversión del préstamo a corto plazo de 805.784 euros en largo plazo.
Lonja Gijón
En base al mismo acuerdo, y dada la situación patrimonial de Lonja Gijón, se aprobaron medidas de reequilibrio consistentes en la reducción del capital social, la concesión de un préstamo participativo por importe de 449.140 euros y la aprobación de la operación de compraventa de bienes muebles por valor de 350.860 euros.
La puesta en marcha de estas medidas está supeditada a que accionistas de Lonja Gijón que representen al menos un 30% de su capital bien constituyan una fianza equivalente al porcentaje que poseen o bien otorguen un préstamo participativo a favor de la sociedad también con un importe equivalente a su participación.
Además, estas medidas dependen de que sean aprobadas por la Junta General Extraordinaria de Lonja Gijón que se celebrará el próximo lunes 19 y al compromiso por parte de la APG de poner en marcha un proceso de desinversión de esta sociedad en el plazo máximo de cinco años.