En junio de 2017, el Consejo de Administración de la APBC dio luz verde a la adquisición de los terrenos, que debía ser finalmente autorizada por Puertos del Estado, según establece el artículo 44 de la Ley de Puertos para las enajenaciones de bienes, que se aplica también a las adquisiciones.
En este sentido, la normativa requiere la comunicación previa a la Dirección General de Patrimonio del Estado y las condiciones de la misma deben ser autorizadas por Puertos del Estado, lo que sucedió en el mes de enero de 2018.
Transcurridos 7 meses sin que se haya elevado a escritura la venta y habiendo conocido por los medios de comunicación que la venta sigue sin formalizarse por falta de financiación, la APBC reitera públicamente su oferta sobre los terrenos y su capacidad económica para asumir la operación.
El nivel de ocupación del suelo de dominio público en la dársena de La Cabezuela-Puerto Real, muy próxima a este espacio, se encuentra próximo a su saturación, por lo que mantener la parcela en desuso existiendo una opción de compra firme “no tiene ningún sentido ni es explicable”, según la APBC.