VALENCIA. Las fuentes de la APV consultadas por este Diario han confirmado que “han tenido conocimiento hace unos días de la querella presentada” por la mercantil del Grupo Alonso contra los consejeros de la APV en el marco de la tramitación del expediente del otorgamiento de una concesión para una terminal polivalente en el enclave del Camp de Morvedre. En ese sentido, esperan que “se clarifique este asunto ante el Juzgado a la mayor brevedad”.
Tal y como argumentó la APV en su momento, la oferta presentada por Intersagunto fue desestimada porque, a juicio de la Mesa de Contratación, incluía un compromiso de tráficos a partir del primer año superior a la capacidad del futuro muelle. Intersagunto solicitó entonces suspender el proceso administrativo de licitación de la nueva terminal, solicitud que fue denegada por el Consejo de Administración de la APV en su sesión del pasado 16 de diciembre.
Tras esta decisión, Grupo Alonso, a través de su sociedad Intersagunto Terminales (IST), presentó un recurso de alzada a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) en el que solicitó la anulación del acuerdo adoptado por la Mesa de Calificación, una petición que también fue desestimada.
En enero de este año, la mercantil presidida por Jorge Alonso aseguró que acudiría a todas las instancias españolas y europeas por vía administrativa y penal “con el fin de paralizar una decisión que dejaría su oferta sin posibilidad de competir en igualdad de condiciones”.
Entre los miembros del Consejo de Administración citados a declarar se encuentran, entre otros, Aurelio Martínez, presidente de la APV en el momento de la adjudicación; Joan Ribó, entonces alcalde de Valencia; los actuales alcaldes de Sagunto y Gandia, Darío Moreno y José Manuel Prieto, respectivamente; el empresario Vicente Boluda; el presidente de la CEV, Salvador Navarro; el presidente de la Cámara de Comercio, José Vicente Morata; o la eurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñero.