El uso masivo de dichas tecnologías, prácticamente en todos los ámbitos de la sociedad, ha creado un nuevo espacio donde se producen conflictos y agresiones y donde existen amenazas que atentan contra el normal funcionamiento de las organizaciones, de sus intereses económicos e incluso reputación.
De hecho, importantes empresas navieras y puertos del sistema portuario nacional han visto recientemente comprometidos sus sistemas de información con ciberataques que han ocasionado desde retrasos en la gestión de mercancías hasta pérdidas económicas considerables. No en vano, el propio Centro Criptológico Nacional reconoce el “incesante incremento de los ciberataques que está sufriendo el sector público, junto con los riesgos que ello puede suponer para la posición estratégica, económica y social del país”, lo que hace prioritario reforzar la capacidad de prevención, monitorización, vigilancia y respuesta a incidentes.
Precisamente, las actividades integrantes del servicio cuya contratación se ha acordado por 380.000 euros engloban las propias de detección y prevención, resolución de incidentes, lo que incluye todas las acciones necesarias para la contención y neutralización de ataques, así como gestión de vulnerabilidades.
Quien resulte adjudicatario del servicio también deberá presentar informes trimestrales de mejora continua que recojan propuestas de refuerzo constante de la gestión de la seguridad TIC.