MADRID. Yolanda Muñoz emitió un comunicado para anunciar su dimisión de la APC “convencida de que es la mejor decisión en este momento y con la firme certeza de defender la imagen de la institución a la que he representado con orgullo y dignidad, así como de la Región de Murcia, ante aquellos que pretenden aprovechar políticamente y sembrar confusión tras las denuncias presentadas, a la vez que poder aclarar ante la justicia aquellos hechos que se investiguen”, destacó la ya expresidenta.
“A partir de este momento continúo trabajando para esclarecer cualquier atisbo de dudas, al igual que durante estos años lo he hecho para incrementar las oportunidades y vías de negocio para el Puerto, la ciudad de Cartagena y toda la Región de Murcia”, afirmó Muñoz, quien concluyó el comunicado subrayando que “confío en la justicia y los mecanismos puestos en marcha para demostrar mi integridad y la del personal que forma parte de la Autoridad Portuaria de Cartagena”.
El pasado jueves, tal y como publicó Diario del Puerto, la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena acordó incoar diligencias en relación con la denuncia de la Fiscalía de la Región de Murcia sobre irregularidades y tratos de favor en determinadas contrataciones de la Autoridad Portuaria de Cartagena.
En un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia aseguró que las diligencias de investigación del Ministerio Público se habrían iniciado hace un año a la vista de la indagación preliminar realizada por agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional tras la denuncia de tres particulares.
Según la fundamentación del auto, los hechos que resultan de las denuncias presentan características que hacen presumir “la posible existencia de delitos muy diversos, entre los que se encuentran los de prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos/uso de información privilegiada, negociaciones y actividades prohibidas y falsedad de documentos públicos”.
El auto, que ya se ha notificado a la Fiscalía, ordena que se dé traslado a nueve investigados y representantes de dos mercantiles para que sean informados de los hechos que se le atribuyen, así como de su derecho a examinar las actuaciones, a actuar en el proceso y a designar abogado antes de que se les tome declaración.