Las navieras reclaman la derogación de la Ley de control de afluencia de vehículos aprobada por el Parlament balear ante la posible afectación para el transporte marítimo a Ibiza.
MADRID. La Comisión de Líneas Regulares de Pasaje de ANAVE se ha reunido esta semana con la participación de las compañías marítimas Baleària, Trasmed, GNV y Armas Trasmediterránea. En la reunión, han acordado reclamar unánimemente la derogación de la Ley de control de afluencia de vehículos aprobada por el Parlament balear. Las navieras advierten de que si no se deja sin efecto la Ley para el transporte marítimo, los sectores que utilizan sus servicios se verán gravemente afectados sin que mejore la saturación del tráfico rodado en Ibiza.
A escasas semanas de tener efectos prácticos, la Ley carece del despliegue necesario en un momento del año en el que los visitantes de Ibiza ya tienen planificados sus desplazamientos y, de no derogarse, estos turistas se verán inmersos en una maraña burocrática, además de gravosa, de evidentes efectos disuasorios.
Solo desde la derogación se podrá hacer el ‘reset’ necesario para el establecimiento de medidas efectivas y positivas para lograr el efecto pretendido, sin crear daños colaterales nefastos.
Las navieras comparten la necesidad de reducir la saturación vial en Ibiza, y por extensión en el resto de las islas, pero abogan por medidas racionales basadas en hechos y datos, no en la falsa premisa de que el tráfico marítimo es el principal causante. Y ello porque los buques desembarcan y embarcan automóviles, siendo la incidencia sobre el tráfico rodado de Ibiza prácticamente inocua en una isla en la que hay más vehículos que residentes.
El saldo medio (desembarcados menos embarcados) de vehículos de los pasajeros llegados a bordo de buques a Eivissa en el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2024 representa solo un 1,5% del total del parque móvil de la isla, que es superior a los 172.000 vehículos (más de un vehículo por habitante).
Análisis
De acuerdo con el análisis efectuado por las navieras que operan en Ibiza a partir de datos estadísticos oficiales, de aplicarse la Ley en la ya inminente temporada turística, no tendrá incidencia positiva alguna en la movilidad insular y, sin embargo, pondrá en peligro la conectividad marítima de forma inmediata.
El sector naviero, con fuertes inversiones y apuestas tecnológicas innovadoras, ha conseguido que turistas, pero especialmente residentes, disfruten de unas comunicaciones marítimas que nada tienen que ver con las de hace tan solo unos años. Y ello, de forma conjugada con la oferta dirigida al sector logístico. Las navieras consideran que la precipitación y la ausencia de un análisis riguroso pueden provocar un retroceso de décadas en las comunicaciones marítimas, con efectos letales para el sector logístico y la movilidad de los residentes.
Dicho de otro modo: aislar la isla, lo que acarrea igualmente consecuencias nefastas para las relaciones sociales y culturales –además de las comerciales y la cohesión social–, hoy favorecidas por una oferta de transporte marítimo que da respuesta a las expectativas de la población.
A nadie se le escapa que un menor número de turistas con vehículo se va a traducir, por mera viabilidad económica, en supresión de frecuencias y tal vez también de rutas. Y el barco, un medio de transporte de futuro por su compatibilidad con la reducción de emisiones, se vería castigado en favor del avión al perder uno de sus principales activos, como es el transporte de los vehículos de los pasajeros.
La Ley pretende que un residente peninsular, o de las Islas vecinas, solo pueda viajar a Ibiza con su coche solicitándolo previamente, y si además entra en un cupo, lo que provoca serias dudas sobre la legalidad constitucional de la norma, máxime cuando se contemplan excepciones como la de tener una propiedad (que no ser residente) en la isla.
De hecho, las normas cuya derogación se solicita nada tienen que ver con las equivalentes que protegen a la mayoría de las islas de la Unión Europea de la saturación vial y/o del impacto ecológico, objetivos compartidos por las navieras.
Por ello, al mismo tiempo que solicitan la derogación de la Ley, las navieras ofrecen diálogo y colaboración para implantar medidas inmediatas que palíen la saturación, sin afectar gravemente a derechos fundamentales, al transporte marítimo regular y a la economía y a la sociedad de la propia isla de Ibiza
