MADRID. Ante la probable segunda prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 -algo inédito en Democracia- los presidentes de los cuatro grandes puertos españoles lanzaron ayer la voz de alarma ante el hecho de que las autoridades portuarias contarían con unas tasas portuarias para 2025 ideadas en 2023, con el riesgo que ello supondría para la competitividad del sistema portuario español.
Por ello, los participantes en el debate se mostraron partidarios de articular una serie de alternativas que permitan a las Autoridades Portuarias modificar dichas tasas y adaptarlas al momento actual del mercado.
Al respecto, Mar Chao, presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, aseguró que ve “complicado” que, actualmente, pueda haber un cambio normativo que permita estos cambios fuera del marco de los Presupuestos Generales del Estado.
No obstante, la máxima representante de Valenciaport sí afirmó que “debería ser un objetivo”, por lo que “hay que buscar fórmulas para no depender de los Presupuestos”. Los Puertos “acudimos a Puertos del Estado a presentar nuestros planes de inversiones a largo plazo, y como empresa, debería ser algo que pudiéramos reconducir a través de enmiendas, por ejemplo”.
El objetivo está claro para Mar Chao: “Debemos responder con agilidad a lo que el mercado nos demanda”, ya que “si esperamos cuatro años otros puertos pueden haber absorbido la carga que gestionamos ahora”.
En la misma línea se pronunció Lluís Salvadó, presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona, que se mostró partidario de “encontrar vías para poder modificar las tasas, y no hacerlo sólo cuando se aprueban los Presupuestos Generales del Estado”.
Salvadó insistió en que “no podemos estar tres años sin actualizar las tasas, como se está viendo, ya que aprobar hoy en día unos Presupuestos no es tarea fácil”, en alusión a la complicada geometría parlamentaria necesaria para que las cuentas anuales del Estado reciban el visto bueno del Congreso de los Diputados. La Ley de Presupuestos es la herramienta fijada por Hacienda para gestionar el régimen económico de los puertos.