MarInnLeg es una fundación público-privada nacida en torno a la estrategia Blue Growth del Puerto de Vigo, cuyo principal cometido es promover el conocimiento jurídico marítimo y pesquero. En su patronato, están representados los principales sectores de la economía azul y las administraciones públicas más relevantes relacionadas con el mar y su presidenta es la Conselleira do Mar, Rosa Quintana.
Uno de sus ámbitos de estudio se centra en analizar e intentar ofrecer soluciones para alcanzar la igualdad de condiciones en los sectores azules. Actualmente, MarInnLeg está ampliando un estudio realizado sobre este tema, centrándose en las ayudas estatales.
Por ello, y ante las noticias publicadas en los últimos días en algún medio de comunicación sobre unas supuestas ayudas estatales concedidas por los Países Bajos, la Fundación ha decidido realizar una consulta formal acerca de esta cuestión a la Comisión Europea.
Igualdad de condiciones
En su escrito dirigido a la Dirección General de Competencia, MarInnLeg alerta de que, a pesar de que la Comisión Europea examina escrupulosamente las ayudas estatales para corroborar que las medidas no distorsionen en el mercado interior, “esto requiere que la evaluación del cumplimiento de los criterios sea idéntica para todas las situaciones”, demandan.
Para la Fundación, “la economía comunitaria necesita estar protegida de una competencia desleal internacional para poder mantener su modelo económico-social” y, ante la magnitud de los graves impactos negativos causados por la pandemia del Covid-19, una ayuda estatal puede ser “clave” para la subsistencia de empresas o incluso de un sector, además de proteger los puestos de trabajo vinculados al mismo. Por ello, y ante la actual situación, considera “fundamental” que las empresas dispongan de una indudable seguridad jurídica y transparencia en el ámbito de las ayudas estatales.
Por ello, hacen especial hincapié en la necesidad de contar con un marco regulador con normas idénticas para todos los operadores, tanto dentro del mercado interior como en las relaciones internacionales, lo que consideran “imprescindible” para una competencia leal.
Países Bajos
Según recuerdan en su escrito, algunos medios de comunicación han recogido en sus páginas que varios astilleros holandeses (en concreto IHC Royal, de Hoop Shipyard o Thecla Bodewes Shipyard) han disfrutado de la puesta en marcha de supuestas ayudas estatales.
Para la Fundación, la información encontrada sobre el caso de la IHC Royal indica que podría tratarse de una ayuda otorgada en el marco de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (2014/C 249/01, 31.7.2014 Diario Oficial de la Unión Europea C 249/1). De ser así, entienden, se debe notificar a la Comisión Europea, para que se pronuncie acerca de la compatibilidad con el mercado interior y haga, posteriormente, pública su decisión.
“Sin embargo -prosiguen- no hemos encontrado ninguna información en la base de datos de la Comisión Europea en relación con este caso”, a pesar de que el apartado 38 c) de las Directrices (2014/C 249/01) aboga por la transparencia y el fácil acceso a todos los actos relevantes y a la información pertinente sobre la ayuda concedida, recuerdan. Por ello, MarInnLeg se pregunta en su escrito bajo qué régimen los Países Bajos han otorgado dicha supuesta ayuda.
Igualmente, y en el caso de los otros dos astilleros (de Hoop Shipyard o Thecla Bodewes Shipyard), “tampoco hemos encontrado información oficial sobre la supuesta ayuda otorgada”.
Por todo ello, solicitan a la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea información al respecto, ya que tiene competencia exclusiva en política de la competencia.