Tal vez el ámbito que tenga marcado de una manera más evidente el arranque del curso logístico es el marítimo-portuario.
Los próximos 18, 19 y 20 de septiembre, en el Parador de La Granja (Segovia), el Organismo Público Puertos del Estado reunirá a todos los presidentes y directores de las 28 autoridades portuarias.
En el transcurso de este encuentro tendrá lugar la habitual reunión del Comité de Distribución del Fondo de Compensación Interportuario, si bien lo más importante es que se aprovechará para hacer un profundo análisis de la situación actual de los puertos españoles y sobre todo se intentarán sentar las bases para implementar algunos de los grandes objetivos del Marco Estratégico, entre ellos el análisis, estudio y posible redefinición del marco de gobernanza portuaria.
Ahora bien, hay cuestiones prácticas mucho más acuciantes que a buen seguro serán objeto de debate, como el objetivo de reducción de las tasas portuarias y que entronca con el temor a que en 2025 tampoco haya Presupuestos Generales del Estado y haya que articular alguna medida excepcional si no se quiere que los puertos permanezcan un año más con los coeficientes correctores y las bonificaciones correspondientes a 2023.
Este asunto del bloqueo legislativo tiene claras consecuencias en el ámbito marítimo portuario. Recordemos que sigue pendiente el conocido decreto ómnibus tramitado en la Comisión de Hacienda donde ERC presentó una serie de enmiendas para la reforma de la legislación portuaria, algunas de las cuales fueron luegos pactadas con OPPE, si bien dicho decreto sigue paralizado en su tramitación.
Veremos igualmente en qué queda la reforma del Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante y de la Ley de Navegación Marítima, remitida al Congreso por el Consejo de Ministros antes del verano y que ahora afronta la misma incertidumbre.