VALENCIA. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) decidió adjudicar el pasado mes de julio dichos trabajos a la Unión Temporal de Empresas formada por Acciona Construcción, Jan de Nul NV y Grupo Bertolín, en su oferta variante.
No obstante, y a pesar del paso dado por el Puerto de Valencia, una de las UTEs que optaba a estas obras, la formada por Dragados, Rover Maritime, Torrescamara y Cia de Obras, Dredging International España y Dravo, interpuso un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que finalmente decidió estudiar la denuncia, lo que en la práctica paralizaba el proceso administrativo y, consecuentemente, el inicio de las obras.
Es en este punto donde el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha pedido al tribunal celeridad en su resolución. “Esta es una de las razones por las que la sociedad valenciana pidió que no se demorara la adjudicación, porque sabemos que estos procesos administrativos son largos y que siempre, en proyectos de estas dimensiones, hay empresas que recurren”, ha afirmado.
En ese sentido, espera que el tribunal “entienda la prioridad de este proyecto, y deseo que se tomen dediciones que sean definitivas”.
Por otro lado, Mazón, que ha realizado estas declaraciones durante su intervención en una nueva edición de los Desayunos de Fórum Europa Tribuna Mediterránea, ha descartado que vaya a mediar entre empresas: “Me parece ilegal e inmoral mediar entre empresas que se juegan cientos de millones de euros”.
