Tal y como ha venido informando Diario del Puerto, la intención de la formación política valenciana era la de paralizar el proyecto hasta que no hubiera una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) sobre un proyecto que Més Compromís considera que difiere del original analizado por la DIA aprobada el año 2007.
Esta petición venía incluida en una PNL que inicialmente se presentaba para demandar un cambio en la actual Ley de Puertos que permitiese una mayor “democratización” en las decisiones de las Autoridades Portuarias, una mayor participación de las administraciones locales y autonómicas y una clara apuesta por la implementación de medidas ambientales.
Joan Baldoví, diputado de Més Compromís, denunció que “ha faltado debate, transparencia y participación ciudadana” y acusó a la APV de querer llevar a cabo el proyecto “con muchas prisas” y “vivir de espaldas a la ciudad”, convirtiendo al puerto en un “reducto que escapa a todo control”.
Cambio legal condicionado
Sin embargo, a ninguno de los representantes de los diferentes grupos políticos que participaron en el debate se les escapó que la demanda de una nueva legislación portuaria a nivel nacional venía condicionada por la confrontación política en la Comunitat Valenciana a cuenta del proyecto de la Terminal Norte.
Joan Baldoví, diputado de Més Compromís, en un momento de su intervención. El diputado socialista Vicent Sarrià recordó a Baldoví que la APV es miembro de la AIVP y suscribe los objetivos de la Agenda 2030 De hecho, el diputado del PSOE Vicent Sarrià comenzó su intervención incidiendo en que era “evidente” que el motivo de la propuesta venía por ese proyecto.
La intervención de Sarrià fue toda una enmienda a la de Baldoví. Tras asegurar que “no podemos estar más de acuerdo con los objetivos de la Agenda 2030 de la Asociación de Ciudades Portuarias (AIVP)”, matizó que “esto no significa que nos obligue a una modificación legal”. Recordó que la APV “ya es miembro de la AIVP” y que ha estampado su firma “en los diez objetivos de ciudades portuarias sostenibles”.
El diputado socialista concretó que tanto el Ayuntamiento de Valencia como la Generalitat Valenciana “cuentan con representantes en el Consejo de Administración” de la APV y que a los presidentes de las Autoridades Portuarias “los elige el presidente autonómico”.
Valencia como ejemplo
De hecho, Sarrià puso a Valencia como ejemplo del “diálogo fructífero entre administraciones”, que ha tenido como consecuencia el cambio de gestión en La Marina de Valencia o el proyecto del nuevo Parque de Desembocadura del Río Turia, un acuerdo por el que la APV ha cedido a la ciudad más de 290.000 metros cuadrados.
Finalmente, el ex concejal del Ayuntamiento de Valencia pidió que sean los técnicos de la Administración los que determinen la necesidad o no de una nueva Declaración de Impacto Ambiental.
CCOO
Por su parte, el Consejo Confederal de CCOO PV emitió una resolución en la que valoraba el impacto económico del proyecto de la Terminal Norte, aunque instaba a la APV, a Puertos del Estado y a las tres administraciones con capacidad en la toma de decisiones a “abrir un verdadero proceso de participación de la sociedad civil con toda la información necesaria, con el fin de alcanzar consensos en los que se tenga en cuenta la sostenibilidad social, medioambiental y económica”.
La enmienda del PSOE frena el intento de cambiar la Ley de Puertos
El Pleno del Congreso daba luz verde, pasadas las 21 horas del pasado martes, a la PNL presentada por Més Compromís con 191 votos a favor, 148 en contra y una abstención.
Sin embargo, lo aprobado por los diputados difiere del texto inicial tras la enmienda del PSOE.
1.- Cambiar la Ley de Puertos
Més Compromís instaba “a modificar el Decreto Legislativo 2/2011”.
El PSOE propuso instar al Gobierno “a incidir, dentro de los instrumentos legales y normativos que sean necesarios...”.
2.- Toma de decisiones
Més Compromís demandaba una “gestión transparente y multilateral en la toma de decisiones, en la que la administración local y la autonómica, como titulares de la competencia en materia de ordenación del territorio, hayan de aprobar con la Administración General del Estado, la afección, desafección, ampliaciones y modificaciones del entorno portuario que le atañe, así como autorizar, regular y gestionar los espacios y usos que se encuentren fuera del ámbito estricto de la competencia exclusiva estatal”.
El PSOE es partidario de una gestión transparente y multilateral en la toma de decisiones en la que la administración local y la autonómica “puedan participar con la Administración General del Estado los instrumentos de planificación portuaria recogidos en la legislación vigente”.
3.- Ampliación Norte
Més Compromís pedía en la PNL inicial la paralización de la Ampliación Norte “hasta que no se lleve a cabo una nueva Declaración Estratégica de Impacto Ambiental que realice un análisis integral del proyecto incluyendo aspectos como los accesos o las nuevas concesiones previstas”.
El PSOE ha recurrido al mismo texto que propició el acuerdo de investidura con Compromís: “Garantizar el cumplimiento de toda la normativa ambiental respecto a la Ampliación Norte del puerto de Valencia, incluida, en su caso, la renovación del estudio de impacto ambiental”.