La Dirección Territorial de Alicante ha estimado así parte de las propuestas presentadas por la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena en el documento de resolución que autoriza las emisiones a la atmósfera de la instalación de naves cerradas para el depósito, carga y descarga de graneles sólidos.
El texto de la resolución adopta parcialmente el grueso de las alegaciones, dejando fuera solo dos de ellas por incompatibilidades con el decreto de control de emisiones 228/2018, y estima incluir varias de las iniciativas referidas al control, validación y comprobación de emisiones.
El director general de Calidad Ambiental, Joan Piquer, destacó el trabajo conjunto con las plataformas vecinales y ecologistas, con el fin de alcanzar un consenso y garantizar la aplicación de medidas correctivas en caso de incumplimiento por parte de la multinacional francesa.
Piquer señaló que la resolución final ha tenido en cuenta la opinión y las alegaciones de las plataformas vecinales y de personas usuarias, y explicó que asegura el control exhaustivo de las emisiones de la actividad y la vigilancia de la Dirección Territorial de Alicante ante cualquier actuación fuera de lo recogido en el expediente.
A más de 500 metros
La autorización recoge una distancia superior a los 500 metros del núcleo urbano para el manejo de material pulverulento o la prohibición de que la Autoridad Portuaria de Alicante manipule los equipos de control de la calidad del aire ubicados dentro de sus instalaciones, cuyos datos serán analizados y validados por la Generalitat, con sus propios medios.
A pesar de las alegaciones presentadas la instalación de naves cerradas pretende acabar con las quejas y molestias del vecindario ante los movimientos a cielo abierto.
Con esta instalación, se dará respuesta a la demanda vecinal de los barrios colindantes que, desde hace años, vienen expresando su malestar por la contaminación ambiental ocasionada por los actuales movimientos a cielo abierto, explicaron desde la Generalitat.