De acuerdo con la actual legislación portuaria, uno de los tres vocales que le corresponden en los consejos a la Administración General del Estado debe ser del Organismo Público Puertos del Estado, sin duración temporal específica.
En cualquier caso, en las últimas semanas, desde OPPE se ha procedido a la renovación de estos representantes, que han cambiado en una parte relevante de las 28 autoridades portuarias y que en todos los casos son personal del organismo público con una categoría de como mínimo jefe de Área.
Hay que destacar que ninguno de los consejeros designados lo es en más de una autoridad portuaria.
Para las cuatro autoridades portuarias más importantes, Algeciras, Barcelona, Bilbao y Valencia, han sido designados como consejeros los cuatro máximos responsables en el organigrama de OPPE más allá del presidente. Mar Chao, directora de Explotación, será la consejera en la AP de Barcelona; Álvaro Sánchez Manzanares, secretario general, en la AP de Bilbao; Álvaro Rodríguez Dapena, director de Planificación y Desarrollo, en la AP Bahía de Algeciras; y Pilar Parra, tal y como adelantó Diario del Puerto, en la AP de Valencia.
Tal y como queda definida la nueva distribución de consejeros, hay que destacar también la designación para la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife de José Llorca, en la actualidad director del Área de Innovación.
Por lo que respecta a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, se mantiene en el cargo Jesús Requena, subdirector de Recursos Humanos y Servicios.
En el caso de la Autoridad Portuaria de A Coruña el consejero es Ignacio Arrondo, en la actualidad subdirector Económico-Financiero.
Del resto de máximos responsables en el organigrama de OPPE hay que destacar que José Antonio Morillo-Velarde del Peso, subdirector de Asesoría Jurídica, queda como consejero de Baleares; Gabriel Argüelles Pintos, subdirector de Administración General, como consejero de Málaga; Manuel Arana Burgos, subdirector de Planificación e Infraestructuras, como consejero de Gijón; Javier Martín Santo Domingo, subdirector Adjunto y de Ayudas a la Navegación, como consejero de Avilés; María Jesús Calvo, subdirectora de Competitividad y Explotación, como consejera de Motril; y Javier Gesé, subdirector de Seguridad y Protección, como consejero de Tarragona.
Por lo demás,Silvestre Soler Izquierdo, jefe del Área de Información Económico-Financiera, seguirá como consejero de Melilla y Verónica Pérez del Val Sheriff, jefe de Área de Relaciones Parlamentarias y Transparencia, como consejera de Ceuta.
Leandro Melgar Casillas, en la actualidad jefe de Área de Planes de Empresa y Presupuestos, será el consejero de Vigo, y Jaime Luezas, jefe de Área de Servicios a la Comunidad Portuaria, consejero en Huelva.
En el resto de puertos los consejeros son: José Antonio Segovia (Alicante); Armando López Rodríguez (Almería); Jesús Nieva (Cádiz); Ana María García López (Cartagena); Antonio Góngora (Castellón); Gonzalo Gómez (Ferrol); Begoña Ballano (Marín); Ana Lope (Pasaia); Aránzazu de Miguel (Santander); Alfonso González (Sevilla); y Nuria Gaitón (Vilagarcía).
En 2010 los vocales de los consejos se redujeron a un máximo de 13 y un mínimo de 10 con 3 representantes del Estado. Tres vocales del estado y uno de ellos de OPPELa composición y designación de los miembros de los Consejos de Administración ha variado de forma muy relevante desde la creación de las autoridades portuarias con la Ley de Puertos de 1992.
En aquel momento se definió que los Consejos estarían integrados por el presidente de la autoridad portuaria, como presidente del consejo; por un vicepresidente, cargo asignado automáticamente al Capitán Marítimo; por el Director Técnico; y por un mínimo de 10 y un máximo de 20 vocales, que en aquel momento eran nombrados por el Consejo Rector de Puertos del Estado.
La presencia de la administración regional y local en los Consejos quedaba limitada a que del máximo de 20 vocales designados por Puertos del Estado, se tenía que garantizar que al menos hubiera un representante de la comunidad autónoma y otro del conjunto de los ayuntamientos en los que se situara la zona de servicio del puerto.
Tanto la composición como la designación del Consejo varió de forma muy importante con la reforma de la legislación portuaria de 1997, motivada precisamente para dar mayor peso a las comunidades autónomas en los consejos de administración.
En ese momento, además de mantener como miembros natos al presidente, al capitán marítimo y al director, se elevó sustancialmente el número de consejeros, pasando a ser un mínimo de 15 y un máximo de 22, cuyo designador yo no era exclusivamente Puertos del Estado.
Por un lado, la Administración General del Estado pasó a estar representada, además de por el Capitán Marítimo, por cuatro vocales, de los cuales uno sería un abogado del Estado y otro lo sería en representación de Puertos del Estado.
Los municipios en cuyo término estuviera localizada la zona de servicio del puerto tendrían una representación del 14%, mientras que el 24% del total de los miembros del Consejo serían designados en representación de las Cámaras de Comercio, organizaciones empresariales y sindicales y sectores económicos relevantes. El resto de los vocales serían designados en representación de la Comunidad Autónoma. La designación de estos vocales deberían hacerse necesariamente a propuesta de las Administraciones públicas y entidades y organismos representados en el Consejo de Administración. En el caso de la Administración General del Estado, dicha propuesta sería realizada por el Presidente del ente público Puertos de Estado, y en el caso de las comunidades autónomas por el órgano competente de las mismas.
Finalmente, en 2010, a raíz de la crisis económica, y de la necesidad de adelgazar la administración y aprovechando la Ley 33/2010 de reforma de la Ley de Puertos de 2003, se produjo la última gran reforma de los Consejos de Administración de las autoridades portuarias con un importante recorte en su número de miembros.
Por un lado, quedaron sólo como miembros natos el presidente y el capitán marítimo, desapareciendo el director. Por otro, los vocales se redujeron a un máximo de 13 (16 para Baleares y Canarias) y un mínimo de 10. De igual forma, la Administración General del Estado redujo sus miembros a 3, de los cuales se mantiene el abogado del Estado y el representante de Puertos del Estado, mientras que la comunidad autónoma limita a 4 su número de representantes. Los restantes quedan distribuidos en un 33% para los municipios donde se ubica el puerto y en un 66% para cámaras, organizaciones empresariales y sindicales.
Consejo Rector: ComposiciónCon respecto al Consejo Rector del Organismo Público Puertos del Estado, su actual composición quedó definida el pasado mes de febrero.
Órgano responsable de, entre otras funciones, acordar los presupuestos, aprobar las inversiones o aprobar la organización del organismo, en la actualidad está integrado por el máximo número de miembros que permite la ley.
Preside el Consejo Rector Francisco Toledo, presidente de Puertos del Estado, y ejerce de secretario José Antonio Morillo-Velarde, con voz pero sin voto, ya que no está designado a su vez como vocal. Son un total de 15 los vocales ahora mismo (el máximo), todos ellos designados por el ministro de Transportes. En la actualidad son vocales del Consejo Rector de Puertos del Estado: Pilar Jurado, directora del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales; Antonio J. Alonso Burgos, subdirector General de Explotación de la Dirección General de Carreteras del MITMA; Emilio López Romero, director del Centro Nacional de Información Geográfica; José Cebrián Pascual, subdirector General de Coordinación y Gestión Administrativa de la Dirección General de la Marina Mercante; Roberto Angulo Revilla, Jefe del Gabinete Técnico de la Secretaría General de Transporte del MITMA; María Isabel García Sánchez, asesora del MITMA; Ángel Luis del Monte Pérez, asesor del Secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Carola González Kessler, subdirectora General de Acuicultura, Comercialización Pesquera y Acciones Estructurales del Ministerio de Agricultura; Ana Sánchez Hernández, directora del Gabinete del Secretario de Estado de Justicia; Elba Fernández Cota, vocal Asesora de la Secretaría General Técnica del MITMA; Beatriz Alcocer Pinilla, asesora en el Gabinete del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; y Miriam Lorenzo, del Ministerio de Sanidad.
También son vocales del Consejo Rector, José Carlos Fernández Arahuetes, jefe de Prensa del MITMA; Koldo García Izaguirre, asesor del MITMA; y Ana de las Cuevas Suárez, directora del Centro de Publicaciones del MITMA.