Reanudado parcialmente el servicio de practicaje en el Puerto de Sevilla
La Corporación de Prácticos del Puerto de Sevilla exige retribuciones brutas individuales de 190.000 euros al año, más un 4% de beneficio industrial adicional, lo que supone una subida salarial del 40%.
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Como consecuencia de las medidas emprendidas por parte de la Autoridad Portuaria de Sevilla y por la colaboración de parte de los miembros de la Corporación de Prácticos del Puerto de Sevilla, se ha reanudado parcialmente el servicio en la dársena sevillana.
SEVILLA. Hasta el momento, el servicio de practicaje se mantenía suspendido en el Puerto de Sevilla desde las 0 horas de hoy “como medida de presión ante la exigencia de una subida salarial del 40%”, tal y como ha informado la propia APS en un comunicado.
Como consecuencia, la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) ponía en marcha un expediente sancionador a la Corporación de Prácticos del Puerto de Sevilla y de la Ría del Guadalquivir “por infracción grave producida la noche de ayer”. La posible sanción asciende a 3 millones de euros, y el procedimiento incluye indemnización por los daños y perjuicios ocasionados causados por la paralización de la actividad.
Ante esta situación, y tal y como informan fuentes del enclave sevillano, el servicio se ha reanudado parcialmente.
En el día de ayer, la APS requirió formalmente a la Corporación de Prácticos la continuación de la prestación del servicio que está sujeto a obligaciones de servicio público, solicitud que ha sido desoída por el colectivo. Como consecuencia, la actividad portuaria se ha visto afectada y en estos momentos se encuentran fondeados varios buques a la espera de acceder a los muelles sevillanos.
Como medida adicional debido a los perjuicios que tales prácticas ocasionan a la actividad económica del puerto y de la ciudad de Sevilla y al interés general, la Autoridad Portuaria también ha presentado una denuncia ante la fiscalía en la que pone de manifiesto los efectos y las responsabilidades patrimoniales que el bloqueo de la actividad portuaria pueda estar incurriendo.
Todo ello ha sido puesto en conocimiento por los máximos responsable de la APS a Puertos del Estado, Dirección General de la Marina Mercante, Capitanía Marítima, y a la Delegación del Gobierno en Andalucía.
“Esta actitud por parte de la Corporación de Prácticos deriva de los requerimientos económicos que hace el colectivo para la continuación de la prestación del servicio, con motivo del lanzamiento del nuevo pliego del servicio de practicaje y la renovación de la licencia”, afirman desde el Puerto.
Tal y como afirma la APS en un comunicado, “reclaman una subida en las retribuciones de los prácticos del orden del 40%, lo que suponen retribuciones brutas individuales en torno a 190.000 euros al año, más un 4% de beneficio industrial adicional. A esto hay que añadir que dicho colectivo se organiza de forma interna con periodos de descanso de 15 días al mes”.
Desde el inicio de las reuniones con la Corporación de Prácticos, la Autoridad Portuaria de Sevilla ha promovido la colaboración para trabajar de forma conjunta en aras de alcanzar un acuerdo que garantice la competitividad de las empresas portuarias; ya que estas subidas demandadas inciden directamente en el coste total de la escala de un buque en el puerto. “Aun así, como medida de presión, la corporación de prácticos ha provocado importantes demoras en los buques acrecentadas desde finales de 2022”, lamentan desde el Puerto de Sevilla.
A esta fecha, la Corporación de Prácticos del Puerto de Sevilla y Ría del Guadalquivir es titular de licencia para la prestación del servicio de practicaje. En esta sociedad se aglutinan los profesionales para la prestación de dicho servicio -en la actualidad 12 prácticos-, estando en situación de monopolio absoluto al ser los únicos profesionales habilitados en el Puerto de Sevilla. Únicamente estas 12 personas son las que puedan prestar a esta fecha el servicio portuario de practicaje, no existiendo hoy en día otra alternativa posible.
Es por ello por lo que la institución portuaria, con el asesoramiento de la Abogacía del Estado, estudia trasladar a Puertos del Estado las prácticas contrarias a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia que pudieran alterar la libre competencia -en virtud del artículo 125 del Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante- para que este organismo lo eleve a la Comisión Nacional de la Competencia.
Según el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, el servicio de practicaje es un servicio público necesario por razones de seguridad en la navegación y para facilitar la entrada y salida de buques, así como las maniobras náuticas dentro del Puerto.