Así lo manifestó el viernes el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en una visita realizada a las instalaciones portuarias para mostrar la total implicación del Gobierno regional en la búsqueda de soluciones a este problema “endémico y muy preocupante”.
Revilla participó en el acto de presentación de los nuevos medios contratados por la Autoridad Portuaria de Santander para incrementar el control de sus instalaciones, donde estuvo acompañado por el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Martín, y el consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, Javier López Marcano, que a su vez es vicepresidente de la Autoridad Portuaria.
La visita contó con la asistencia de representantes de operadores y terminalistas afectados por las intrusiones, quienes a continuación se reunieron con el presidente de la APS para abordar el problema.
Vacío legal
Revilla dijo que es necesario cubrir el vacío legal que actualmente existe en relación a las personas que “día tras día” intentan dar el salto para tratar de viajar al Reino Unido como polizones y que, con la actual legislación, únicamente pueden ser expulsados del puerto. A su juicio, este “fallo” del sistema pone en peligro la seguridad del puerto, daña su imagen, genera importantes perjuicios económicos a las empresas operadoras y, además, provoca “desmoralización” entre los cuerpos policiales. Concretamente, el presidente vería con buenos ojos un amparo legal que castigue esta “vulneración de las fronteras de España” con la pérdida del visado de turistas con el que entran en el país.
Confianza de los operadores
Miguel Ángel Revilla apuntó a la seguridad como un “factor fundamental” para obtener la confianza de los operadores y advirtió que las buenas previsiones de actividad y tráficos que maneja la Autoridad Portuaria corren “serio peligro” en caso de persistir el problema de los intrusos. En este sentido, el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Martín, llegó a reconocer la pérdida de operadores provocada por este problema, “que afecta especialmente a los puertos del Norte”, como es el caso de Bilbao, con cuyo presidente, Ricardo Barkala, dijo estar en contacto para tratar de alcanzar una solución global. En todo caso, “mi preocupación está enfocada en el Puerto de Santander”, matizó Martín.
“Con el impulso del proyecto de La Pasiega, el Puerto de Santander tiene un futuro que puede verse truncado con el problema del intrusismo”, dijo Revilla, quien reconoció que, aun siendo un puerto complicado en términos de seguridad por su disposición física, pegado a la ciudad, precisa de un mayor apoyo por parte del Estado.
Carta a Grande-Marlaska
Miguel Ángel Revilla reveló que hace unos días remitió una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el que le informaba del relevante papel del puerto en la economía cántabra y la necesidad de garantizar su seguridad ante fenómenos indeseados como los que vienen protagonizando desde hace años grupos de jóvenes albaneses que tratan de introducirse como polizones en los barcos que conectan con Reino Unido.
Por ello, el Gobierno de Cantabria y la Autoridad Portuaria de Santander hicieron un nuevo llamamiento al Gobierno de España para que refuerce la seguridad mediante un incremento de la dotación de agentes de la Guardia Civil dedicados a prevenir los accesos indeseados en el recinto portuario.
Cambio de legislación
Como recordó el presidente de Cantabria, la noche anterior llegaron a contabilizarse al menos 15 saltos de la valla que protege el recinto, llegando dos de los jóvenes a lanzarse al agua para tratar de acceder a los buques por los cabos.
Pero además de solicitar el refuerzo de la seguridad, Miguel Ángel Revilla consideró “fundamental” el establecimiento de normas jurídicas que permitan calificar estos intentos de intrusión como infracciones graves y la posibilidad de devolver a sus países de origen, a quienes cometan dichas infracciones.
Sin embargo, lamentó Revilla, “nada consigue disuadir a los intrusos” y el problema “se está disparando”. El Puerto de Santander sufre un problema de intrusismo que pone en riesgo la integridad de los vehículos con destino al Reino Unido e Irlanda y de la mercancía que transportan. Tan solo en el periodo entre 2020 y 2021 se incoaron 1.050 expedientes sancionadores y se publicaron 687 propuestas de resolución.
El Gobierno de Cantabria y la AP de Santander solicitan al Ministerio del Interior más efectivos policiales para el puerto y una normativa que penalice el intrusismo
EL DATO
1.050Tan solo en el periodo entre 2020 y 2021 se incoaron 1.050 expedientes sancionadores y se publicaron 687 propuestas de resolución relacionadas con delitos de intrusismo.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, Francisco Martín, se reunió con operadores y terminalistas para abordar las medidas. Foto J.P. Inversiones para atajar el intrusismoLa Autoridad Portuaria de Santander ha invertido más de 3 millones de euros en los dos últimos años para intentar atajar el problema, como son la instalación y el refuerzo del vallado, la instalación de sensores y cámaras infrarrojas o los nuevos drones que sobrevuelan las instalaciones.Además, parte de esta inversión se ha destinado a un contrato con la empresa Integral de Vigilancia y Control, por valor de 288.000 euros, para dar soporte a la Policía Portuaria en las labores de vigilancia con 7 nuevos vigilantes que prestarán servicio en horario nocturno. Asimismo, gracias a la colaboración de la compañía CLdN, se incorpora al servicio una unidad canina de detección de personas de la firma ICTS.Por otro lado, se han convocado 13 plazas para reforzar la plantilla de la Policía Portuaria, que se compone de 45 agentes, y se celebran reuniones periódicas con las Fuerzas de Seguridad del Estado, consignatarios, transportistas y navieras para colaborar en la solución del problema.