De la Mata señala que altos cargos del partido político CDC, en connivencia con responsables públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña, y con distintos empresarios, pusieron en marcha una estructura para financiar a este partido político “ilegalmente y en forma encubierta”.
En lo más alto de la organización, el juez incluye a los responsables de la coalición Gordó, Osácar y Viloca, quienes llevaban a cabo un control y seguimiento de las licitaciones de obra pública y servicios ofertadas; y en un segundo escalón, el magistrado sitúa a las autoridades de estas Administraciones que, de acuerdo con los responsables del partido político CDC y siguiendo sus indicaciones, alteraron efectivamente concursos públicos con la finalidad de "dirigir" los mismos hacia las compañías de los empresarios conniventes.
En este punto es en el que el juez sitúa la actuación de Sixte Cambra, expresidente del Port de Barcelona.
Razonamientos del juez contra Sixte Cambra
Sixte Cambra, según señala el auto del juez, está acusado por un delito de fraude a las administraciones públicas y otro de tráfico de influencias.
Concretamente, es mencionado en el auto en el caso de dos contratos con la Autoridad Portuaria de Barcelona en los que “se detectan una concatenación de citas y reuniones que evidentemente corresponden con gestiones previas e interactuaciones efectuadas entre Tauler Ferre, Gordó Aubarell, Francesc Boixador Bertran y Viloca Serrano, aparentemente orientadas a conseguir o concertar esta licitación. En este caso también es importante destacar que se identificaron comunicaciones directas entre autoridades de CDC (Puig Godes, Gordo Aurabell), con responsables de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Cambra Sánchez y Vives Tomas); y constan también las donaciones efectuadas por COPISA en relación con cada una de estas licitaciones”, explica el auto.