Lo dejó muy claro la semana pasada el líder sindical, Antolín Goya, durante el 5º Congreso Confederal: o bien el Gobierno aprueba a más tardar en la primera semana de octubre el que sería el cuarto real decreto de liberalización, para así permitir aprobar el V Acuerdo Marco; o bien el sindicato procederá a la convocatoria de movilizaciones.
Se repite por tanto la historia pasada y reciente de la estiba en España, cuando el sindicato, a base de tensar la cuerda por la vía de la llamada a las movilizaciones, termina por forzar a los Gobiernos a aplicar o modificar las leyes.
Lo vimos por ejemplo en 2008, cuando el sindicato vio agotada su paciencia y forzó al gobierno socialista a transformar las sociedades de estiba en APIEs; lo vimos en 2018, cuando el sindicato vio agotada su paciencia y forzó al gobierno popular a prorrogar el plazo de vigencia de los convenios tras la liberalización; y todo apunta a que lo veremos en octubre, cuando el sindicato, tras la moción de censura, el periodo de en funciones, el nombramiento de un nuevo gobierno y el cambio de ministro, ha visto agotada su paciencia y exige la aprobación de un nuevo real decreto ley que clarifique la figura de los centros portuarios de empleo y garantice la estabilidad jurídica, esencial para que patronal y sindicatos firmen el V Acuerdo Marco tal y como ahora mismo lo tienen redactado.
La clave de este real decreto ley es el concepto de mutua de los CPE, lo que jurídicamente conlleva matizaciones significativas en los aspectos jurídicos de las relaciones laborales de empresas, trabajadores y el centro portuario, generando un nuevo ámbito donde podrían encuadrarse los aspectos más polémicos del V Acuerdo Marco en los que Competencia sucesivamente puso objeciones.
Le quedan por tanto al Gobierno 15 días para aprobar el real decreto ley, para lo cual tiene que ser capaz de concitar las voluntades de los otros seis grandes actores que tienen mucho que decir en este proceso.
1.- GOBIERNO
El gran objetivo del Gobierno es lograr un nuevo real decreto ley sobre los CPEs con plenas garantías jurídicas y con el pleno respaldo de todos los actores y no sólo a nivel interno, sino también a nivel externo, con un Ministerio de Trabajo a favor de la línea marcada por Transportes y un Ministerio de Economía que, según fuentes próximas, no lo ve nada claro.
2.- CONGRESO
Para sacar adelante el real decreto ley que se apruebe en Consejo de Ministros, es indispensable su convalidación en el Parlamento. Aquí el Gobierno tiene mucho terreno ganado tras la proposición no de ley aprobada en su momento para instar al cambio legislativo en base al carácter de mutua de los CPE. Ahora bien, la letra pequeña podría hacer perder al Gobierno el apoyo de importantes grupos parlamentarios.
3.- COORDINADORA
El banco sindical, con Coordinadora a la cabeza, ha dicho basta. Apoyan plenamente el real decreto ley mientras garantice los puestos de trabajo y, sobre todo, permita firmar el V Acuerdo tal y como está ahora mismo redactado y pactado con ANESCO.
4.- ANESCO
La patronal mayoritaria, única presente en la mesa de negociación colectiva, mantiene su premisa: hay que dotarse de plenas garantías jurídicas. Sólo habrá acuerdo si el Gobierno deja bien claras estas garantías en los distintos tribunales e instancias jurídicas españolas y europeas.
5.- CNMC
Con una denuncia sobre la mesa contra la redacción actual del V Acuerdo y contra el contenido del borrador del real decreto ley, Competencia permanece atenta a su evolución, sin obviar su potestad de informar sobre el mismo y que, más allá del carácter no vinculante, luego puede tener la opción de denunciar ante los tribunales determinados preceptos.
6.- COMISIÓN EUROPEA
Es una pata esencial. De su denuncia ante el TJUE surgió todo. Debe ser necesariamente informada. Su posición será firme y determinante para o bien alentar o bien frenar la reforma.
7.- ASOPORT
La patronal minoritaria se mantiene firme en su postura de asegurar la plena liberalización de la estiba en España, recurriendo a cuantas instancias jurídicas y administrativas considere oportunas para denunciar los aspectos de la reforma que a su juicio contravengan la liberalización, de ahí su activo papel en el actual proceso.
EL DATO
Calendario virtualSi el Gobierno cumple el plazo exigido por el sindicato Coordinadora, el nuevo real decreto ley sobre los Centros Portuarios de Empleo debería ser aprobado en Consejo de Ministros el martes 5 de octubre. A partir de ahí, el Congreso tendría un mes para convalidar el real decreto, pero perfectamente podría ser llevado al pleno esa misma semana si están garantizados los apoyos parlamentarios. Una vez convalidado, la firma del V Acuerdo podría ser inmediata.