Así de contundente se ha pronunciado esta mañana el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, tras ser preguntado por la reunión del presidente de MSC España, Francisco Lorente, con el alcalde de Valencia, Joan Ribó, durante la presentación del Informe trimestral del Entorno Económico Global.
“No nos estamos jugando sólo la inversión de 1.100 millones de euros, sino el futuro del Puerto de Valencia y de nuestros hijos. Cada cual será responsable de sus decisiones. Yo estoy tranquilo. He hecho lo legal y lo correcto”, añadió.
Sobre la petición de una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA), Martínez volvió a explicar que el proceso se ha realizado con cabeza, siguiendo todos los procesos, “no estamos improvisando. Contamos con todos los informes técnicos y jurídicos y así lo reconoció el abogado del Estado en el Consejo de Administración”, añadió.
Además, recordó, el gran problema que supone la nueva DIA es el tiempo porque supondría retrasar la ejecución de las obras 3, 4 ó 5 años y eso no sostendría la inversión de TiL. “Si la terminal no se hace aquí se hará en otro lado. Se están ofreciendo otros puertos", aseveró Martínez.
ZAL
Por otro lado, sobre el recurso contencioso-administrativo que ha presentado Per l'Horta contra Plan Especial de Urbanización de la ZAL en el que se reclama la suspensión cautelar de todas las actuaciones que el puerto, el Ministerio de Fomento, Generalitat y Ayuntamiento tienen previsto ejecutar en la zona, Martínez lamentó, y dijo no entender, la "insensibilidad social" mostrada por el colectivo “y por la izquierda” en general , ante un proyecto que generará empleo.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia recordó que "el principal problema del barrio de Nazaret es el paro (afecta al 40% de su población )” y subrayó que la APV intenta "impulsar actividades que generen empleo". Precisamente en la adjudicación de parcelas de la ZAL, “por primera vez en un concurso”, se han incluido cláusulas, aceptadas por las empresas, para contratar colectivos en paro de larga duración y en riesgo de exclusión social, por lo que no entiende que "se sigan oponiendo a este tipo de actividad en infraestructuras ya hechas, con compromisos sociales, respetuosas con el medio ambiente y que generen 1.600 puestos de trabajo".