VALENCIA. En el ranking, Valenciaport y la Sociedad Mercantil Estatal de Acción Cultural, son las dos instituciones más transparentes del sector público, según constata el CTBG de las 81 entidades analizadas en su último informe. Ambas obtienen el 100% de la calificación, mientras que la media se sitúa en un porcentaje del 43,3%.
La APV tiene entre sus ejes prioritarios de actuación facilitar el acceso a la información pública y el bueno gobierno, unos elementos fundamentales para que la ciudadanía conozca el funcionamiento de las instituciones públicas.
En los últimos años, Valenciaport ha reforzado estos mecanismos para situarse a la vanguardia en estas herramientas que demanda la sociedad para avanzar en un sistema público abierto, transparente y que contribuya al desarrollo económico y social y gracias a ello se ha convertido en la institución más transparente del sector público estatal.
Una labor que ha obtenido sus frutos ya que en las conclusiones del informe de evaluación del CTBG sobre Valenciaport se destaca que “este Consejo valora muy positivamente el nivel de cumplimiento alcanzado por la Autoridad Portuaria de Valencia. Este nivel de cumplimiento refleja el esfuerzo realizado por la APV para mejorar su Portal de Transparencia”.
Esta apuesta de la APV por la transparencia y el buen gobierno también queda reflejada en el ranking DYNTRA sobre el sistema portuario español. Valenciaport, junto a la Autoridad Portuaria de Castellón, son según este informe las instituciones más transparentes del sistema portuario español.
Este informe elaborado por CTBG confirma la labor que la APV viene desarrollando desde hace años en la implantación de medidas en materia de Gobierno Corporativo y mejora del Control Interno. La política de Responsabilidad Social e Integridad Corporativa incluye principios como la transparencia, el compromiso de integridad corporativa, prevención del fraude y la rendición de cuentas, entre otros.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) es el organismo del Gobierno de España que tiene por finalidad promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno.