Susana Solís Benito, responsable del departamento Jurídico Procesal de GRA Consultores
En un entorno motivado por la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, surgen los Modelos de Prevención de Riesgos penales articulados a través de estructuras y mecanismos de cumplimiento, que permiten mitigar posibles riesgos penales o sancionadores, atenuando o exonerando la comisión de delitos, infracciones o irregularidades, así como demostrar el compromiso de la empresa con valores importantes para la sociedad.
Las empresas del sector transporte, logístico y distribución están expuestas a riesgos, entre otros, en los siguientes ámbitos: cumplimiento aduanero: importaciones y exportaciones, documentación adecuada, pago de aranceles, gestión de inspecciones; cumplimiento ambiental y almacenamiento de mercancías, emisiones, gestión de residuos y prácticas sostenibles; cumplimiento de seguridad y salud, y regulaciones laborales: seguridad y salud en el trabajo, prevención de accidentes, cumplimiento de leyes y regulaciones específicas; cumplimiento de transporte de mercancía peligrosas, manejo de mercancías, clasificación, etiquetado y envasado; cumplimiento de seguridad en la cadena de suministro; cumplimiento de regulaciones de transporte y tráfico, normativas de peso, dimensiones de los vehículos, restricciones de tráfico y horarios de conducción; cumplimiento contractual de acuerdos y obligaciones comerciales, seguimiento de contratos y acuerdos servicios; cumplimiento de normativas internacionales afectas a operaciones logísticas, y relacionadas con el comercio internacional; y cumplimiento de tecnología y ciberseguridad asegurando la seguridad de sistemas y datos utilizados en las operaciones, protegiendo de amenazas cibernéticas y asegurando la regulación en materia de protección de datos.
Las empresas del sector están expuestas a riesgos
Estos riesgos podrían variar según la ubicación de la empresa, su alcance internacional y las regulaciones específicas a las que esté sujeta.
Por otro lado, la implantación de un programa de Compliance puede tener beneficios como: ayudar a adaptar la actividad de la empresa a la normativa sectorial, evitando imposición de sanciones, suspensión de autorizaciones de transporte incluso el cierre de la empresa; mejorar los procesos internos y fomentar el cumplimiento de la costumbre ética de la empresa, potenciando la identidad y reputación de la marca; ventajas competitivas en licitaciones públicas, así como para su asociación con empresas multinacionales; mejorar la competitividad y la rentabilidad de la empresa evitando costes adicionales económicos y personales; y facilitar los análisis de cumplimiento en procesos de venta.
Las fases en las que se estructura un programa de Compliance serían: planificación: el órgano de administración adopta un modelo de prevención de riesgos penales que incluya medidas de vigilancia y control; identificación de los riesgos relacionados con las obligaciones de la empresa, dentro de la actividad desarrollada y la normativa aplicable; elaboración de Manual de Prevención de Riesgos Penales: elaboración de políticas empresariales, manuales de cumplimento, código ético, régimen disciplinario, reglamento del sistema de comunicaciones interno o whistleblowing, y protocolos de prevención, entre otros; implementación efectiva: formación a directivos y empleados de la empresa, asesoramiento al Compliance Officer o Comité en la aplicación efectiva de los sistemas de control del cumplimiento normativo y apoyo en el eventual proceso de certificación.
En todo este proceso, los consultores tienen como objetivo llevar a cabo el asesoramiento en proyectos de prevención de riesgos penales, así como la implantación del sistema interno de comunicación de manera operativa.
