Septiembre es mes de mudanza, y no tanto enero con su cambio de almanaque, pero que apenas altera el discurrir de los días. Es en esta primera semana del noveno mes del año cuando de verdad hacemos mudanza. Muda nuestra piel, expuesta al sol del verano, para recobrar su tono habitual, y mudan nuestras rutinas y hábitos para acomodarse a su estado natural de homo laboris u homo estudientis.
Arranca este septiembre un nuevo curso académico y laboral (el curso político sigue, alocado y pertinaz, su propio calendario), así como un curso logístico envuelto en incertidumbres, con nombramientos pendientes en cinco presidencias de autoridades portuarias y el bloqueo de cuestiones capitales como el peaje en las autopistas de la red general del Estado o el proyecto de terminal de contenedores en la Ampliación Norte del Puerto de Valencia, debido a la inacción forzada de un Gobierno en funciones. Habrá que esperar semanas, meses, para conocer al inquilino de La Moncloa durante los próximos cuatro años, mientras el camión de la mudanza aguarda una llamada improbable.
Desde la óptica de la logística, que se caracteriza por su dinamismo y agilidad, por ganar tiempo al tiempo para cumplir con el just- in-time (o el just-in-case, como respuesta actual a la vulnerabilidad de las cadenas de suministro just-in-time), duele que los ritmos políticos, lentos y pesados por sus plazos garantistas, lleven el desánimo al colectivo empresarial, lastrando e incluso abortando iniciativas que benefician a la ciudadanía.
Estando de acuerdo en que las decisiones sobre asuntos de relevancia, en cualquier ámbito, deben ser el resultado de un proceso de análisis y debate reposado para no incurrir en decisiones precipitadas y erróneas, es también deseable una mayor agilidad en la toma de decisiones, evitando dilatar en exceso las soluciones.
En este sentido, por mucho que hayamos transitado por un mes vacacional como agosto, se hace excesivamente largo el período en el que algunas presidencias de autoridades portuarias se mantienen en funciones una vez el Gobierno autonómico correspondiente se ha constituido, nombrando a la totalidad de su organigrama.
Una de dos: o para el Gobierno autonómico en cuestión la presidencia de la autoridad portuaria es una responsabilidad tan importante que cualquier cautela es poca para encontrar la persona ideal; o, por el contrario, si ya en tiempo electoral no se había tenido en cuenta el perfil del futuro presidente, es que su designación tampoco corre tanta prisa ni la cuestión es tan relevante. O, ampliando los supuestos a tres, en clave casi de ficción política: el presidente en funciones, aunque designado por el partido político rival del Gobierno anterior, merece la confianza del nuevo Gobierno. Pero, de memoria, no recuerdo ningún caso que encaje en este tercer supuesto.
Desde hoy y hasta el viernes, dos meses después de la toma de posesión de María José Sáenz de Buruaga como presidenta de Cantabria, la UIMP acoge la Semana Portuaria de Santander, mientras la presidencia de la Autoridad Portuaria continúa pendiente de la designación y nombramiento de un nuevo responsable tras el cambio de siglas en el Gobierno regional.
Será que no es tan urgente la mudanza en el edificio de los Muelles de Maliaño o que aún se busca a la persona ideal para el cargo... Descartando el tercer supuesto antes mencionado, cabe esperar que el motivo verdadero no sea la desidia. Faltaría más.