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Doble vara

  • Última actualización
    18 octubre 2024 05:20

Las administraciones, los gobiernos, los francotiradores de la multa, los Torquemadas de la sanción, son milimétricos medidores de todo. De todo lo que les interesa. El amigo lector seguro que me suelta un “me too” en cuanto les diga que hace poco me llegó una multa, a mi dirección exacta, con el importe exacto, con una foto del coche precisa y nítida, indicando el crimen concreto cometido: ir en un determinado instante a 104 por hora, cuando lo máximo permitido es de 90 por hora. Que hay que ser criminal y mala persona para cometer semejante delito. Que seguramente todos los demás delitos, algo o mucho más graves, están perfectamente controlados, y por eso pueden dedicar los cuerpos de seguridad del estado a la observación del velocímetro de millones de coches a cada instante.

Apartando la rotunda ira que producen estos atracos sin navaja, nos debemos centrar en una realidad bastante rotunda: cuando los gobiernos quieren medir, miden, ya lo creo que miden. Hasta el último céntimo. Hasta la milésima y el nanosegundo. Siempre y cuando sea para cobrar. Para devolver el dinero o para explicar un impuesto y su beneficio social, ya si eso...

Por todo esto y por mil detalles más, me caigo muerto en la bañera cuando, con toda la desfachatez habido y por haber, los señores de la DG Clima alegan ser incapaces de, casi un año después, medir qué resultado ha tenido una medida que pone en peligro a los puertos de media Europa con el fin de “salvar el clima del planeta” mediante el sistema de contaminar unas millas más allá.

Que el informe de la DG Clima tenga (ver el artículo de Miguel Jiménez) una metodología científicamente pobre, con datos poco fiables, indicadores poco sólidos y falta de amplitud de miras, clama a todos los cielos, contaminados o no. El pobre contribuyente, ese que sí o sí tiene que pagar, pagar y volver a pagar, alucina con eso de que no se puede medir algo, cuando si se le olvida poner un mínimo ingreso le van a llegar mil y una notificaciones reclamando el decimal, indicando cuánto debe, cuándo pagar, con qué recargo...

Es de otro mundo, efectivamente, eso de no establecer a priori los sistemas de medición de una norma tan traumática como la EU ETS.

La EU ETS debería ser automáticamente suspendida, junto con los lumbreras que la han promovido

Deberíamos saber, exactamente, cuánta huella de carbono ha ahorrado la medida, qué daño ha causado a qué puertos y a qué empresas, qué beneficios se han llevado otros puertos por el mero hecho de no estar dentro de la Unión Europea, qué países han cobrado qué, qué se va a hacer, exactamente, con los millones recaudados con la medida, cuándo se van a aplicar esas medidas correctoras que se financiarían con esa recaudación, cuánto ha costado la aplicación, en total, de esta medida, cuándo veremos el beneficio de la misma. Cuándo, en definitiva, dimitirán los genios que han puesto en marcha semejante iniciativa, una más de las que se basan en cobrar y luego, a veces, rendir cuentas. No nos digan que no se puede evaluar la repercusión del ETS, porque eso debería significar que esa normativa debería ser automáticamente suspendida, junto con los lumbreras que la han promovido.

El administrado no puede dar un paso sin que se le cuantifique al instante cuánto ha de pagar por ello. Todos nuestros actos están medidos, pesados y cobrados.

La administración puede permitirse el lujo de decir que no tiene ni idea del efecto de sus medidas y no pasa nada, más allá de lo de siempre: atracar sin navaja al contribuyente, una y otra vez más.