El día que a Álvaro Sánchez Manzanares le tocó ser el cabeza de turco del caso Koldo, el ministro Puente tuvo la inercia de querer supervisar personalmente quién iba a ser su sustituto.
No obstante, al mismo tiempo, el presidente de Puertos del Estado tuvo el acierto de querer evitar el tropiezo en la misma piedra, eliminando las dudas de politización del cargo de secretario general.
El instrumento fue activar un proceso selectivo público mediante un concurso de méritos que garantiza, a priori, que el puesto vaya a estar ocupado por un profesional de acreditada competencia que, de la misma forma, elimina cualquier riesgo de comisariados políticos y de todas esas tretas que suelen alejar a la institución de la eficiencia y la acercan a las consecuencias de los siempre tentadores mangoneos.
Es habitual que los partidos de uno u otro color, ante cualquier afán de interés, demanden en su entorno planteamientos del tipo “¿quién es nuestro hombre/mujer en Puertos del Estado?”, una mala costumbre que se aborta exigiendo méritos técnicos donde hay que exigirlos y limitando las elecciones políticas a donde tiene que haberlas. Esta es la senda.