Uno de los indicadores de la confianza empresarial es sin duda la seguridad en el flujo de pagos y cobros.
En el sector de la logística conviven multinacionales con pymes y autónomos, y los efectos de la morosidad y las armas que tienen para prevenirla difieren radicalmente en función de la clasificación de la empresa. Vimos durante la pandemia que una de las consecuencias del enorme incremento de los fletes fue el control y reducción de las condiciones de pago pactadas entre navieras y clientes.
La morosidad se define como el hecho en el que un deudor incumple sus obligaciones de pago en el momento acordado, y no hay duda de que este hecho afecta a toda la cadena de suministro, aunque tiene una especial incidencia en los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, a las que muchas veces resta competitividad e incluso puede impedir su normal funcionamiento. En muchos casos afecta a cuestiones tan elementales como el pago de salarios, alquileres o compra de materiales o servicios.
El fenómeno de la morosidad afecta a todos los países de nuestro entorno y es necesario contar con un marco continental que traslade seguridad jurídica y económica a nuestras empresas
Hay varias razones para que se produzcan retrasos en los pagos. La más elemental es que permite al acreedor optimizar sus flujos de efectivo. También son reseñables las complejidades administrativas y burocráticas, que ralentizan el proceso y a veces impiden la trazabilidad del estado de la cartera. Las grandes corporaciones tienen centros de registro, proceso y validación de facturas, que especialmente en su arranque demoran una enormidad los pagos, o bien cuando hay un error o discrepancia entre lo acordado y facturado, el proceso de subsanación es lento y farragoso.
En España la ley de morosidad y la ley de enjuiciamiento civil establecen límites para que el plazo máximo de pago de las facturas sea de 60 días para empresas privadas y autónomos, reduciéndose el plazo a 30 días para las administraciones públicas. A pesar de los avances registrados desde el año 2020, todos los que trabajen con organismos públicos,constatarán que este plazo se incumple reiteradamente y que probablemente sea el Estado el peor pagador.
Este partido también se está jugando en Europa, cuyo Parlamento aprobó el mes pasado el reglamento contra la morosidad, entre presiones de grupos económicos con intereses opuestos. Lo que se pone de manifiesto es que este fenómeno afecta a todos los países de nuestro entorno, y que es necesario contar con un marco continental que traslade seguridad jurídica y económica a nuestras empresas.
¿Cómo reducir la morosidad? La legislación juega y debe jugar un rol determinante y es necesario que exista un marco legal, que de una forma ágil y sencilla, supervise y resuelva las malas praxis de quienes pagan con excesivo retraso.
Otro aspecto destacable son las innovaciones tecnológicas, que deberían crear marcos de confianza entre las partes, y que la facturación y la gestión de cobro quedaran también integradas. Me constan los esfuerzos de startups, empresas y bancos en crear plataformas basadas en blockchain, buscando la seguridad y el cumplimiento de los plazos de pago, pero aún tienen un largo camino que recorrer.
Para acabar. Una de las peticiones nacionales y europeas es crear registros de morosos, con amplia difusión pública, por supuesto respetando la seguridad jurídica de los que aparezcan, aunque, tocando con los pies en el suelo, ¿cómo vas a denunciar a tu cliente moroso si tienes dependencia de esa empresa y lo primero que va a hacer será cortar la relación comercial contigo?
