Alguien pensara que lo de las evaluaciones y las reevaluaciones de los impactos legislativos es una sublimación del buen hacer normativo de la Unión Europea, un valor esencial y tradicional que bebe de las fuentes de la sensibilidad, la cercanía al ciudadano y el convencimiento de que sólo lo que se mide se puede mejorar.
Ahora bien, si no les importa, bajemos todos juntos de la nube, por mucho que la UE haya sabido hacer de la necesidad virtud, y recorramos la senda de los atajos y las artimañas, hasta llegar a esta triquiñuela de las evaluaciones, a esta limosna con la que comulgan con ruedas de molino todos aquellos países posicionados en contra de una normativa que creen que lesiona sus derechos pero ante la que, en aras a evitar la paralización y fruto de las posiciones de debilidad, no queda otra que tragarse los sapos, bajar la cabeza y dar el visto bueno aferrándose a la esperanza desesperada de que el análisis al cabo del tiempo provoque un paso atrás, cuando la cláusula de la evaluación no es el culmen de la caridad y la empatía sino que es la estratagema para triunfar en la selva comunitaria, pegar una patada hacia adelante y, por de pronto, salirte con la tuya y ya luego en dos, tres, cuatro o los años que pasen a ver quién es capaz de desmontar el chiringuito y, eso sí, mientras tanto, el nuevo estatus queda plenamente consolidado.
Se me ocurren más de una docena de normativas europeas sobre logística donde estas cláusulas de reevaluación han sido enarboladas como hitos del consenso, cuando en el fondo son la cara políticamete correcta de los vencedores y de los vencidos.
Sin ir más lejos, en el tema del ETS, ganó la DG Clima mientras España, entre otros, fue vapuleada, con la reevaluación en dos años como uno de los enjuagues de última hora de la CE: os daremos voz, tranquilos, pero mientras tanto, a callar todo el mundo.
Hay que reconocer que ante este falaz plato de lentejas, España no ha dejado de dar la batalla y con el ministro Puente al frente se ha logrado, con el paulatino apoyo de más y más estados miembros (los últimos los del norte de Europa ante paraísos medioambientales ya en curso como Reino Unido) que la milonga de reevaluar a los dos años haya pasado a ser la milonga de reevaluar al cabo de un año, eso sí, sin dejar de ser una milonga.