Los responsables en 2015 arrancaron con ganas: hacha. Así les pareció a los sindicatos el primer borrador, cuya filtración dinamitó el debate y la posibilidad de implementar la reforma antes de las elecciones. Ante el panorama, la ministra Pastor optó por no optar y dejó pasar el cáliz.
En 2017 se volvió a la carga, en este caso con aquel primer real decreto ley que tumbó el Congreso y que a los sindicatos (¿qué casualidad?) también les parecía hacha. Hubo entonces que aplicar la dinámica parlamentaria y estrenarse con una primera cirugía que la perspectiva nos dice que fue tan precisa como radical, más cáliz en definitiva, pues su esencia fue la amputación de una serie de cuestiones básicas que se desgajaron del tronco principal hasta el punto de que son las que mantienen la reforma ahora mismo sin solución. No hay más que ver la situación en la que nos encontramos y fijarnos en las tres cuestiones básicas que finalmente no se resolvieron de raíz en aquel momento.
La primera es la figura de los Centros Portuarios de Empleo. Ya hemos dicho en infinitas ocasiones que fue un error, un pasteleo, un agujero difuso que ha servido para imputarles cualquier estratagema contraria a la liberalización, una entelequia que no se resolvió ni en el real decreto ley de 2017, ni en el fallido borrador de desarrollo reglamentario, ni ahora parece que tampoco se resolvió en el segundo real decreto ley aprobado ya con el Gobierno Socialista, atenazado en sus prejuicios ideológicos hasta el punto de que pretende enmendarlo con un borrador de tercer real decreto ley que no ha entendido ni Bruselas y en el que se roza el absurdo y se abusa del creacionismo jurídico porque ahora resulta que los CPE son mutuas.
Segunda cuestión fundamental: la reconversión laboral, aplazada en su día mediante un recurso tan indiscutible como ineficaz. Ante la tesitura de tener que asumir la responsabilidad de regular por ley la reestructuración integral de la mano de obra estibadora y al haber dos partes directamente implicadas, empresas y trabajadores, ¿acaso no parecía lo más razonable que esta cuestión la negociaran libremente los agentes sectoriales? Muy obvio, ¿verdad? Porque, además, había una herramienta que parecía la panacea: la subrogación. “¡Subroguemos!”, ordenó el sindicato. “Pues subroguemos...”, tragaron las empresas, solas ante el peligro. Repito, tragaron, porque ni la negociación era ni podía ser libre y porque se impuso la estrategia de “firmaremos lo que impongáis siempre que la Justicia no diga la contrario” y da la casualidad de que la Justicia y los organismos parajudiciales ya han dicho hasta cuatro veces lo contrario. Y aquí seguimos: parados.
Por último, nos queda la organización del trabajo, la gran epopeya de Marcos Peña en su laudo anexado, una organización que nos dijeron que era reserva empresarial, eso sí, salvo pacto convenial en contrario, lo cual la Justicia acaba de decir que no es infinito y mucho menos que lo que se pacte sean órganos y métodos para ir decidiendo fuera del negro sobre blanco del convenio. Vamos, que en algunas cuestiones del V Acuerdo habrá que empezar de nuevo.
Y va ayer Antolín Goya y le exige implicación a Paco Toledo, es decir, que se haga más cirugía plástica bajo la amenaza de dinamitar la “paz laboral”, un absurdo cuando lo único que progresa es la dinamita de Asoport por la vía de la judicialización más extrema, porque todo está cayendo a plomo, como en esas demoliciones de grandes edificios donde nada queda en pie pero, eso sí, donde el primer resultado es una densa, confusa y cegadora nube de humo. Negro futuro...