La semana pasada el Congreso aprobó definitivamente la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal, “que combatirá las formas de fraude asociadas a las nuevas tecnologías” y que se enmarca en el objetivo de “adaptar el sistema tributario español al siglo XXI”, apostillaba el Gobierno. Y, estupendo, está fenomenal que se actualicen las leyes a las nuevas realidades, sobre todo cuando no hacerlo deja desprotegidos a los ciudadanos, pero ejecutarlo sin conocimiento del asunto genera tensiones de más. Menos mal que, al final, las voces de los profesionales se han escuchado.
Todo comenzó hace unos meses cuando se conoció el proyecto de Ley que introducía modificaciones respecto a la anterior normativa en materia aduanera que dejaron al sector patidifuso. La norma no se entendía, no era viable desde el punto de vista logístico, nos subrayaron los que saben.
Por ello, los transitarios y los agentes de aduana españoles se armaron de argumentos (y de paciencia) y, decididos a lograr el objetivo, pelearon por hacerse oír y... ¡ha funcionado! Al final, hasta el propio Ministerio se dio cuenta de que algo no cuadraba y que los términos que hacían referencia a los agentes de aduanas no estaban bien redactados. En la Comisión de Hacienda en la que se aprobó el Proyecto de Ley quedó patente en el debate. #eldiálogosiempreesbien
La satisfacción del sector ha sido enorme, casi tan grande como la tranquilidad de saberse viables durante los próximos años
¿Ha habido una forma mejor de comenzar el periodo vacacional? Yo diría que no. Enhorabuena a todos los implicados en la batalla porque sus desvelos, que eran los de muchas empresas, han merecido la pena.
Las enmiendas han abordado las cuestiones clave denunciadas y reclamadas por los logísticos, desde el tema del IVA (y la responsabilidad en la importación), a la caducidad de los procedimientos, las sanciones y la representación directa; así que la satisfacción del sector ha sido enorme, casi tan grande como la tranquilidad de saberse viables durante los próximos años.
No olvidemos que las consecuencias que se hubieran producido en el sector logístico, en el caso de que se hubiera aprobado el texto de la Ley como figuraba en el Proyecto, habrían sido devastadoras. Con el endurecimiento de la responsabilidad del representante aduanero, se habría perdido competitividad y el desplazamiento de la actividad a otros Estados de la UE con un régimen de responsabilidad más favorable habría tardado en producirse... ¿5 minutos?
Por cierto, para que no hubiera excusas posibles y no se pensara que los representantes aduaneros estaban en #dramamood, se encargó a la consultora EY un informe del temita y ojo cuidao que las consecuencias eran de aúpa. La concentración del mercado en los operadores de mayor tamaño (únicos con capacidad para aguantar el tirón en los nuevos términos) habría derivado en la pérdida de actividad de autónomos, pymes y micro pymes. Estaban en juego 10.200 empleos, un tercio de los empleos directos del sector de la representación aduanera.
Además, esto no hubiera quedado solo como algo de los aduaneros. Todos (TO-DOS) los operadores económicos involucrados en el comercio exterior (importadores, exportadores, transitarios, operadores logísticos, etc.) habrían sentido el terremoto. Hasta los puertos.
Así que, #lesson1, hay que leer bien los textos normativos, saberse necesario, pero no imprescindible en la individualidad y buscar partners para discutir (siempre constructivamente) con los legisladores. También les digo que contar con la fuerza de la razón siempre es una ventaja. Las cosas como son.