Desde el atentado contra Donald Trump de hace unos días, la presión para que el actual presidente de Estados Unidos Joe Biden se retirara de la carrera a la reelección a la presidencia se ha redoblado. Contando casi únicamente con el apoyo de su núcleo más cercano, a Biden no le ha quedado más remedio que reconocer lo evidente y hacerse a un lado. No me malinterpreten, por favor. En este caso, la edad no tiene nada que ver, sino si uno está capacitado para ejercer un cargo de tan alta responsabilidad como la presidencia de la primera potencia mundial, con todo lo que ello significa, se tengan 30, 50 u 80 años.
En este penúltimo Punto de Fuga antes de que lleguen las ansiadas vacaciones estivales no vamos a entrar en quinielas de ver quién será el candidato o candidata del Partido Demócrata a las elecciones presidencias del próximo mes de noviembre -aunque nos juguemos mucho-, pero sí podemos echar la vista atrás para recordar la apuesta que hizo Biden y su ejecutivo por la logística en su país.
En el último trimestre de 2021, con las cadenas de suministro y de valor globales totalmente desajustadas como consecuencia de los efectos de la pandemia sanitaria, con una demanda disparada y con el complejo portuario de Los Ángeles y Long Beach congestionado hasta los topes (disculpen el pleonasmo), la Administración Biden puso en marcha el Grupo de Trabajo “Supply Chain Disruptions Task Force” para atajar el problema y sentar las bases de la logística del futuro del país bajo la premisa 24/7, poniendo la logística como una cuestión de estado. Conceptos como import/export de contenedores, cuellos de botella e infraestructuras críticas pasaron a un primerísimo primer plano, al igual que la colaboración entre el sector público y privado, porque en ese grupo de trabajo participaron también empresas y trabajadores de todos y cada uno de los eslabones logísticos.
Con este movimiento, Biden supo atraerse a la iniciativa privada a su plan. Porque en estas ocasiones, si bien lo más importante es poner encima de la mesa una cantidad intente de recursos -nada menos que 17.000 millones de dólares, esto es, algo más de 15.600 millones de euros-, también lo es reconocer de manera pública y rotunda ante los más de 330 millones de habitantes del país que presides la labor de todos y cada uno de esos eslabones y de los profesionales que los integran.
Aquí estamos muy lejos de vivir una situación como la vivida hace casi tres años en Estados Unidos. Partamos, no obstante, de que nuestros recursos y situación no es la misma y que el rol de España en las cadenas de suministro globales, aunque importante, no es el mismo que el que juega América del Norte. Dicho esto, soy de la opinión de que el sector logístico de este país agradecería que no se le demonizase ni se le hiciese culpable de todo aquello negativo que nos sucede, que se le tuviese en cuenta de verdad a la hora de legislar y, sobre todo, que desde la Administración se fuera más sensible con las necesidades y problemas a los que tienen que hacer frente. Durante su presidencia, Biden fue consciente de la importancia real de la logística.
Me consta que Óscar Puente es consciente de esa importancia, y cada vez que tiene la ocasión no le duelen prendas en reconocerlo, tanto públicamente como a la hora de activar recursos. Pero puede que no sea suficiente. Hace falta tanta pedagogía entre nuestros servidores públicos que la tarea casi asusta. Empiecen por ser conscientes que las impresoras en 3D no son la solución para todo, que el ferrocarril no puede transportar el 100% de la carga terrestre que se mueve en España, y que China va a seguir siendo la principal fábrica del mundo. No nieguen la realidad.