Ayer comenzaron las obras en el corredor ferroviario entre Sagunto, Teruel y Zaragoza, unos trabajos que se alargarán durante nueve meses, y que supondrán, a grandes rasgos, la electrificación, la renovación de la vía y la modernización de los sistemas de señalización. Las actuaciones van a tener una afectación total al tráfico de mercancías, y van a obligar a los convoyes que circulan por ella a buscar rutas alternativas, sobre todo por Tarragona.
Esta situación no gusta a nadie. No gusta a las empresas ferroviarias privadas, que ven cómo una infraestructura ya consolidada vuelve a echar el cierre y les obliga a cambiar sus planes. Ese cambio de planes no es gratis, porque las empresas van a tener que explicar por enésima vez a sus clientes que su carga cambia de itinerario para poder llegar a su destino. Esto supone nuevos horarios, nuevas dificultades operativas y, sobre todo, nuevos costes asociados a un sector que ya trabaja con unos márgenes demasiado ajustados. Y ahí radica el gran impacto para las empresas privadas ferroviarias. ¿Qué harán ante esta situación? ¿Estarán dispuestas a repercutir ese aumento de costes a sus clientes? Y, sobre todo, ¿estarán los clientes dispuestos a asumir no sólo cambios de itinerarios u horarios nuevos, sino, sobre todo, un aumento de las tarifas en el caso de que los operadores decidan revertir esos costes en los cargadores? Advertía Juan Diego Pedrero al respecto, no sin cierto tino en estas mismas páginas la pasada semana, que se corría el riesgo de que hubiera servicios que no pudieran prestarse porque ese cambio de itinerario los hacía inviables. Haría bien el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en activar cuanto antes y sin demora las subvenciones por perturbaciones extraordinarias de tráfico para aliviar, en parte, la incertidumbre y fragilidad del sector privado ante esta nueva situación.