Las estadísticas son en ocasiones muy caprichosas. Lancemos esta cifra al aire: 0,0002%. Un número de estas características soltado así, a quemarropa, no dice mucho. Los datos son importantes, pero hay que darles contexto. Hagámoslo, pues. Este irrisorio porcentaje corresponde a los 661 contenedores que en 2022 se perdieron mientras iban a bordo de uno de esos miles y miles de buques que surcan los mares y océanos de todo el mundo y que son algo así como los glóbulos rojos de ese sistema circulatorio que es el comercio marítimo global. En comparación con los más de 250 millones de contenedores de media que se mueven por vía marítima en un año, esos 661 no suponen gran cosa si los miramos como cifras absolutas.
Pero ustedes y yo sabemos que la explicación y justificación no es tan fácil, porque cada uno de esos contenedores que no llegan a su destino suponen una pérdida a muchos niveles. No hablamos sólo del propio recipiente, sino sobre todo de lo que contiene. Siguiendo con el símil cardíaco, esa carga flotando o hundiéndose en alta mar es un poco menos de oxígeno dentro de ese sistema respiratorio y circulatorio que es la economía mundial. Algunos dirán que un 0,0002% no supone nada. Seguramente sea así, pero los costes económicos y ambientales sí tienen consecuencias. Que se lo pregunten sino a todos y cada uno de los voluntarios que estos días están recogiendo microplásticos en forma de pellets en las costas gallegas.
Fiar todo a que la iniciativa privada pueda dar con la tecla adecuada es insuficiente y supondría una clara dejación de funciones de los poderes públicos
Por tanto, ya sea de menor o mayor calado, la pérdida de contenedores es un problema objetivo que hay que atajar. Si bien a nivel internacional se está comenzando a afrontar desde su raíz, lo cierto es que hasta que no haya una solución, hay que trabajar en la mitigación de sus consecuencias. Reconozco que con un porcentaje tan bajo de incidencia es complicado lograr una amplia implicación, pero dejar de lado este problema no es una opción.
En esta cuestión, como en muchas otras, es muy necesario que la Administración Pública se implique de manera indiscutible y sin ningún tipo de reservas, tanto a nivel nacional como internacional, ya que, al ser un problema global, debe dársele una respuesta acorde. Fiar todo a que la iniciativa privada pueda dar con la tecla adecuada es insuficiente y supondría una clara dejación de funciones de los poderes públicos.
No obstante, no podemos decir que en el caso español no se estén dando pasos para afrontar estos retos desde una perspectiva donde la innovación y los nuevos enfoques son fundamentales. La iniciativa de Puertos del Estado a través del Fondo Puertos 4.0 es un claro ejemplo. El organismo público presidido por Álvaro Rodríguez Dapena ha abierto una nueva convocatoria en las modalidades de Ideas y Proyectos Comerciales con 6.750.000 euros de fondos. Esta inyección de dinero público es fundamental para sostener y asegurar el desarrollo de ideas y proyectos que pueden darle un vuelco al sector marítimo y portuario nacional, trasladando sus futuros éxitos más allá de nuestras fronteras. El caso de COBS del que hablamos ayer en estas páginas es sólo un caso más de las decenas de proyectos que pueden dar respuesta a problemas que, hoy por hoy, están sin resolver. Pongamos en valor, pues, la importancia de un sector público robusto y, por encima de todo, eficiente. Defendamos su conservación y fortalecimiento. Seamos conscientes de las ventajas que tiene que ese sector público se alíe con el privado. De ello depende nuestro futuro.
