No hace tanto, Bélgica, un país federal que habla varias lenguas oficiales y parece siempre a un paso de romperse, encadenó la friolera de 541 días sin gobierno, todo un récord mundial que, sin embargo, no impidió que su economía evolucionara mejor que la media europea. España parece ahora empeñada en seguir la estela de su antiguo territorio en los Países Bajos, al menos en lo que a la dificultad de formar gobierno se refiere.
Si Mariano Rajoy fue investido presidente el 29 de octubre de 2019 tras 314 días en funciones, su sucesor, Pedro Sánchez, logró el 7 de enero de 2020 su objetivo de quedarse en La Moncloa después de 254 días de bloqueo político y dos investiduras fallidas. Ahora, transcurridos 86 días desde las Elecciones Generales del 23 de julio, en el mejor de los casos (o en el peor, según lo ve la mitad del país) la investidura del actual candidato deberá producirse antes del 27 de noviembre, cuando termina el plazo para la disolución de las Cortes, para evitar la convocatoria de una repetición electoral que tendría lugar el 13 de enero de 2024.
“Sin gobierno se vive mejor”, decían con ironía en Bélgica quienes querían probar al mundo que esta “idea loca” de que se necesita un gobierno pleno con funciones plenas puede no ser cierta. Parece como si la desafección cediera terreno al desinterés por la política mientras los ciudadanos no llegan a percibir las mejoras de la economía en ausencia de un ejecutivo cuya formación se la trae al pairo.
El caso es que la investidura de Sánchez pende de unas negociaciones que el candidato mantiene con un abanico amplio de socios “preferentes”, cada uno con su propia lista de peticiones para canjear a cambio de sus votos, vitales para la suma de la mayoría necesaria.
Las infraestructuras de transporte son un buen ejemplo de la necesidad de alcanzar pactos de Estado que trasciendan los tiempos electorales
En ausencia de luz y taquígrafos, la discreción está siendo norma general en las negociaciones. Y es que si los agentes políticos, y sobre todo quienes tienen opciones de otorgar la mayoría a Sánchez, revelaran en público todas sus peticiones, cualquier cosa que dijera uno podría tener influencia sobre el otro, y todos tienen presiones en sus respectivos ámbitos.
Sin embargo, las infraestructuras de transporte son moneda de cambio que cotiza al alza en época de mercadeo electoral y afanosa búsqueda de mayorías. Ahí está, sin ir más lejos, la amenaza de Compromís, supeditando sus votos de apoyo a Sánchez a la no ampliación del Puerto de Valencia, un trágala de difícil digestión para Sánchez e imprevisibles consecuencias.
Pero, afortunadamente, lo habitual en este tipo de negociaciones es es pactar, a cambio de votos, la construcción o gestión de aquellas infraestructuras llamadas a procurar el crecimiento económico, el progreso y el bienestar de la población. En este sentido, cabe esperar que, entre las fuerzas políticas que estos días negocian su apoyo a la formación del nuevo gobierno, haya quien anteponga el interés general a sus intereses particulares y partidistas.
Las infraestructuras de transporte, que unen personas, conectan territorios y abren mercados, son un buen ejemplo de la necesidad de alcanzar pactos de Estado que trasciendan los tiempos electorales y garanticen el cumplimiento de los cronogramas establecidos. Porque lo importante no es tanto alcanzar un pacto como cumplir lo pactado. Y si desconfiar siempre es un error, confiar siempre también lo es.
