Desde el 1 de enero se ha empezado a aplicar el Régimen de Comercio de Derechos de Emisiones de la Unión Europea, una normativa que tiene en contra a todo el sector portuario español. Una normativa que pretende disminuir las emisiones de gases invernadero, pero a mi entender, únicamente conseguirá el desvió de tráficos y en muchos casos el aumento de emisiones. ¿Por qué digo esto?
No es que desde Coordinadora no apoyemos ningún tipo de política climática, todo lo contrario. Desde un inicio cuando se planteó incluir el sector marítimo en las EU ETS estuvimos allí para trabajar esta normativa, presentando enmiendas y discutiéndolo con las partes implicadas en el Diálogo Social, pero al final ha quedado una normativa corta, con muchas obligaciones y pocas soluciones a los problemas. Únicamente, se ha creado el listado de puertos vecinos, pero con unas reglas que han dejado fuera muchos puertos que a la larga podrán ser usados para evadir el coste de las ETS. El problema es que la legislación marca una revisión de los tráficos cada dos años, y nos parece inaceptable.
La Comisión tampoco ha visto viable una moratoria, en la que hemos insistido, para aquellos países que más pueden padecer las consecuencias, porque según sus palabras “las políticas climáticas no pueden demorarse”. Y estoy absolutamente de acuerdo, pero han de ser efectivas. Me pregunto si en algún momento han valorado que hasta que la OMI no establezca una norma a nivel mundial, las emisiones no se van a reducir, se van a desviar e incluso puede que aumenten.
Las políticas climáticas no nos pueden llevar a perder competitividad en un sector tan significativo como es el nuestro para la economía. Desde la DG Clima se nos ha dicho que el coste que suponen las ETS para los armadores no es tan elevado como para desviar líneas comerciales, pero sabemos que esta afirmación no es cierta, y que unos pocos euros por contenedor implican cambiar rutas y estrategias. Pero, ¿qué pasa a partir del 1 de enero?