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El Puerto de Cartagena adjudica las obras del nuevo edificio de Santa Lucía por 9,1 millones de euros

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Cartagena ha adjudicado las obras para la construcción del nuevo edificio administrativo de Santa Lucía por un importe total de 9,1 millones de euros.

CARTAGENA. La actuación se enmarca dentro de la estrategia del Puerto de Cartagena de seguir abriendo al mar la Dársena de Cartagena y la zona de Santa Lucia hoy el Consejo de Administración de la entidad ha adjudicado las obras del Edificio Administrativo de Santa Lucía por 9,1 millones de euros.

“El propósito del Puerto es seguir abriendo la ciudad al mar, eliminando todas aquellas barreras que impiden que el ciudadano acceda al frente marítimo”, ha indicado el vicepresidente de la APC, Pedro Pablo Hernández, que además ha indicado que “este proyecto tiene un especial protagonismo haciendo accesible el frente marítimo de Santa Lucía a los vecinos”.

La propuesta plantea la eliminación de todas las construcciones que aparecen desperdigadas por el recinto, como son el edificio de control, la nave taller, almacenes, oficinas, marquesinas para coches, vallado, edificio sindicatos, etc., unificando los usos en un único edificio de 2.500 metros cuadrados. El proyecto, asimismo, retira los actuales límites o barreras físicas de la parcela, permitiendo la permeabilidad de uso al ciudadano para que este se aproxime hasta el propio cantil del muelle.

Al construir un edificio más compacto, se liberan más de 11.000 metros cuadrados, con el propósito de mejorar las posibilidades de disfrute paisajístico. “Será la primera vez que el frente marítimo de Santa Lucía se haga accesible para todos los vecinos, lo que repercutirá en la calidad de vida de los ciudadanos y en potenciar la identidad del lugar”, afirma Pedro Pablo Hernández.

“Los espacios urbanos liberados están sin definir, y se irán decidiendo conjuntamente con el Ayuntamiento y los vecinos de Santa Lucía, que se reflejará en otro proyecto de adecuación de espacios urbanos”, ha subrayado el vicepresidente.

Visita del Consejo de Fomento

Al Consejo ha asistido como invitado el concejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García, que ha conocido de primera mano las inversiones futuras del enclave para “hacer del Puerto una infraestructura capaz de asumir los desafíos del transporte marítimo en el actual contexto geopolítico, los nuevos requisitos europeos en materia de sostenibilidad y la producción de combustibles más sostenibles en nuestro puerto, así como aumentar su superficie para la creación de oportunidades empresariales”, tal y como ha asegurado Pedro Pablo Hernández.

$!Pedro Pablo Hernández, vicepresidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, atiende a los medios de comunicación.

El vicepresidente ha dado cuenta de las actuaciones que se están llevando a cabo en materia ferroviario como es la estación de Escombreras que se pretende poner en servicio a mitad del próximo año y ha reclamado la necesidad de definir la conexión con la ZAL, la nueva variante con Alumbres y su conexión con el Corredor Mediterráneo.

También la situación de El Gorguel que “pasado un tiempo desde que se presento el requerimiento en junio, no se ha recibido respuesta del Ministerio”. No obstante, tras la reciente visita del presidente regional, Fernando López Miras, realizada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Pedro Pablo Hernández se ha mostrado confiado en que por parte del Gobierno pueda mostrar su interés en resolver positivamente este proyecto tan importante.

Por otro lado, el Consejo de Administración ha dado luz verde a la renovación de licencia para el servicio de practicaje, la modificación de la ordenanza “Cartagena Port Control”, la ordenanza para el turno de atraques, y ha dado cuenta del informe favorable de la IGAE a las cuentas anuales de 2023.

Asimismo, se ha dado luz verde a la constitución del Comité de Riesgos y Cumplimiento normativo siguiendo la política iniciada hace más de un año de prevención de riesgos penales y en la misma línea se ha aprobado el Código Ético que debe regir para trabajadores, miembros del Consejo de Administración, proveedores y clientes de la APC.