La gran guerra aduanera de las garantías sigue sumando batallas desde las profundas trincheras de la interpretación, ese corrosivo que hace saltar por los aires las normas y las leyes, fruto de quienes no saben, no quieren o no pueden dejar las cosas claras a la hora de legislar.
En cualquier caso, como se ha señalado ya en numerosas ocasiones, más allá de la, en ocasiones, torpeza del que legisla; más allá de su, en ocasiones, aviesa intención para no ser claro en busca de un beneficio ulterior; y más allá de las, en ocasiones, limitaciones que genera el consenso a la hora de lograr una redacción clara, el verdadero mal está en quien acude a la ley no para cumplirla, sino para aprovecharse de ella.
Si todo esto lo trasladamos al ámbito aduanero, donde la complejidad normativa es infinita, donde la casuística es inabarcable y donde los intereses se multiplican por hallarnos en un contexto de tantos países como el comunitario, convendremos en que las normas pueden venir confusas de serie pero, si ya nos vamos de fiesta con ganas de confundir, la noche se nos echa encima pronto, muy pronto, demasiado.
Y en esas estamos porque, además, se inventaron los reglamentos y las guías y las notas informativas y cada día hay un matiz nuevo y, lo que es peor, ya se da por asumido que todo viene con capacidad de interpretación de serie.
Es fundamental, consideran muchos, sobre todo aquellos que descubrieron la “flexibilidad”, que es ese mantra que repiten quienes denostan la “rigidez” de las normas, en un complicado, lo reconozco, filo de la navaja, que no sería tan hiriente, también hay que reconocerlo, si no fuera porque la rigidez también es una actitud, santificada incluso en las propias interpretaciones de las normas flexibles. Valiente distorsión.
La Aduana española, por ejemplo, se aprovecha en las garantías de lo que considera una redacción flexible del CAU para, a continuación, hacer su rígida y muy personal interpretación.
La conclusión es este dislate donde la mayoría de países europeos siguen una senda, mientras España se enroca en busca de un atajo que, tal y como hemos dicho al inicio, no es más que el instrumento para un fin ulterior.
La Aduana española no quiera más que asegurarse la recaudación, por delante, o por detrás, mediante la liquidación habitual o mediante la ejecución de la garantía sin importar a quien se lleve por delante, pues la única finalidad es que cuando Europa pase el cepillo, España pague, y a lavarse las manos.
En la última reunión de la DG TAXUD con las patronales de representantes aduaneros, a cuyo contenido tuvo acceso este Diario, de nuevo la Aduana española quedó en fuera de juego porque mientras algunos de los países más relevantes tienen sistemas en los cuales la finalidad es el cobro de la deuda aduanera por parte de quien es el responsable real de la misma y la garantía es el ultimísimo recurso, en España lo fundamental es garantizar la recaudación con el recurso a la garantía, que “para eso está”.
El resultado es que nadie nos saca los colores, claro, pero todo es a costa de someter al representante aduanero a una carga insoportable que es acorde a su posición de riesgo, sí, pero que se antoja injusta dada la cadena real de responsabilidad y siempre respondiendo a una cuestión fundamental: ¿Vamos a querer o no vamos a querer tener en España representantes aduaneros? Bueno, representantes y, claro, también Aduanas, que todo al final es lo mismo ante la futura Aduana única.
No debemos excluir el debate sobre el “perfil financiero” de la representación, pero, ya que hay que interpretar, ¿acaso va a estar de más interpretar como todos los demás?
