PAMPLONA. Señalan que “si las carreteras son “un servicio público”, como indica nuestra presidenta, deben financiarse en presupuestos, y no a través de un impuesto más a un sector esencial que cumple el trabajo de abastecer nuestra comunidad y ya paga sus propios impuestos”. Temen igualmente que “los productos navarros se encarezcan, perdiendo competitividad en sus mercados, y toda la cadena de suministro se vea resentida en Navarra”.
Asimismo, indican que “la desaceleración económica ya puede sentirse en el sector, que está transportando menos que hace unos meses”. Aseguran que “añadir peajes va a dañar aún más el transporte, que no se encuentra en su mejor momento, con un incremento elevado en el coste de los vehículos y del carburante, como todos sabemos, teniendo que financiar los importes de peajes desde que los pagan hasta que los cobran al cliente”.
Aparte, apuntan que “se quiere sacar dinero al sector con el argumento de un estudio mal hecho, como llevamos tiempo denunciando por estar manipulado para sus intereses, ya que midió únicamente los vehículos que entran y salen por Navarra, cuando el peaje lo pagará todo vehículo pesado, independientemente del punto desde el que se incorpore a las vías navarras en las que se quieren implantar los peajes: A-10, A-15, N-121-A, A-1 y A-68”.
Explican que “es normal que los resultados del estudio sean que 9 de cada 10 vehículos pesados que circulan por Navarra son de fuera si sólo se contabilizaron aquellos que cruzaron desde el inicio hasta el final de cada vía, o por uno de los dos puntos, y entre julio y agosto de 2020, unas fechas poco representativas. Quedaron sin contabilizar los vehículos que circulan entre medio, es decir, los vehículos navarros, y que tendrán que pagar el peaje sin opción a desviarse”.
Esta medida va a afectar “principalmente a los transportistas locales, dado que para regresar al domicilio sin carga van a tener que pagar peajes que no podrán repercutir, al igual que para ir al taller, al lavado del vehículo o a la ITV, entre otros”, tal y como explican ANET y TRADISNA.
Manifiestan que “la repercusión de estos costes a los clientes no es tan sencilla, y no lo va a asumir el transporte. Por ejemplo, la revisión de los precios de transporte en función de la variación del precio del gasóleo tuvo que ser impuesta por Real Decreto Ley”.
Recuerdan que “el transporte de mercancías ya paga multitud de impuestos locales, autonómicos, de hidrocarburos, etc. El argumento de sostenibilidad medioambiental no se entiende cuando el transporte de mercancías por carretera es la única manera de llegar a cada localidad, y no tiene alternativa a los medios de combustión”. Proponen “dedicar los esfuerzos a mejorar la logística, la intermodalidad, la última milla, la movilidad colectiva, la seguridad vial y las áreas de descanso en carretera, que son tareas pendientes de esta administración”.