La tasa entró en vigor en marzo de 2023 y este mes tenía que producirse la primera autoliquidación por parte de las sociedades afectadas.
barcelona. El Tribunal considera que la tasa que se les aplica a las empresas de distribución de productos de e-commerce “infringe el principio de la libre circulación de mercancías”.
El gravamen aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Barcelona se situaba en el 1,25% de la facturación bruta derivada de los costes de reparto que ingresan los operadores y desde el consistorio se esperaba ingresar 2,6 millones de euros. Además, desde el Ayuntamiento pretendían que la tasa ayudara a descongestionar la ciudad incrementando “los espacios libres de tráfico” al mismo tiempo que fomentar el comercio de proximidad.
Según la sentencia, los magistrados del TSJ de Catalunya consideran que la medida supone “un auténtico ‘impuesto’ que grava los rendimientos obtenidos por actividades de empresarios privados de manera virtualmente idéntica a los impuestos que gravan la adquisición de renta por actividades, expresiva de capacidad económica”.
Así, la sentencia también señala que “si la ordenanza tiene como justificación finalista evitar la carga y descarga en la vía pública para envíos puntuales, tal protección debe abarcar a todo vehículo susceptible de utilizar de igual forma el domino público, pero no exclusivamente a los operadores postales que distribuyen bienes adquiridos a través del comercio electrónico”
En declaraciones a Diario del Puerto, el presidente de UNO, Francisco Aranda “celebra” la decisión del TSJ de Catalunya tras estudiar el recurso contencioso-administrtivo presentado por la patronal en marzo de 2023.
Desde UNO, Organización Empresarial de Logística y Transporte de España señalan que “como representantes del sector de la distribución urbana de mercancías, siempre hemos defendido que este tributo discriminaba, sin una base sólida, una actividad esencial que contribuye a la economía catalana generando riqueza y empleo”.
Doble imposición
En su escrito de alegaciones presentado en marzo del año pasado ante el Tribunal, UNO indicaba que “este tributo debe considerarse como una doble imposición al sumarse la nueva tasa a la ya existente por el estacionamiento regulado de vehículos en la vía pública -aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona-, ya que se considera que ambas gravan el aprovechamiento del mismo dominio público”.
El recurso también señalaba “la vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación, pues el tributo se ha diseñado de un modo absolutamente arbitrario y discriminatorio, al excluir al operador público del gravamen en perjuicio de los demás, lo cual supone una injustificada alteración de las reglas de la libre competencia”.
Tras conocer la sentencia del Tribunal, la teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet, afirmó que “los servicios jurídicos están estudiando la posibilidad de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para continuar defendiendo los intereses del Ayuntamiento y la tasa”.
Bonet enfatizó que “necesitamos proteger el comercio de proximidad y por eso reclamamos herramientas útiles”.
“Consideramos que esta tasa constituía un tributo discriminatorio y que impacta negativamente en la competitividad de nuestras empresas, sean del tamaño que sean, reduce las posibilidades de expansión del pequeño comercio y frena el desarrollo digital del territorio”.