Los funcionarios que realizan su actividad en el Puesto de Control Fronterizo (PCF) del puerto de Algeciras celebraron ayer una asamblea en la sede de Coordinadora de Trabajadores de los Puertos Andaluces, en la que se acordó que, en caso de no ser escuchados o recibir negativas a sus peticiones, presentarán un preaviso de huelga.
Asimismo, decidieron constituir una plataforma para trasladar a las distintas administraciones, de las que dependen, las demandas y posibles soluciones a los problemas laborales y económicos que están viviendo.
En la asamblea estaban presentes el coordinador general de Coordinadora Estatal de Trabajadores de los Puertos (CETP), Miguel Ángel Hormigo, junto a Alberto Mesa, coordinador comarcal de Coordinadora de Trabajadores de los Puertos Andaluces (CTPA) y Joaquín Millán responsable de terminales, junto con personal administrativo, personal técnico y los inspectores de los distintos organismos que trabajan en el PCF.
“La situación que este personal viene padeciendo es histórica, pero se ha vuelto ya inaguantable dado el incremento progresivo de la carga de trabajo”, han asegurado. De hecho, durante la campaña de Navidad, “el puerto de Algeciras vivió una importante acumulación de camiones que debían esperar hasta cinco días para ser inspeccionados; pese a que el personal estaba trabajando al 100% no se logró minimizar los tiempos”, han explicado.
Para Coordinadora, “la deficiente gestión de los recursos humanos, los malos procedimientos y la desconsideración por parte de las administraciones competentes hacia estos funcionarios han sido los detonantes de los problemas que se han agravado con las recientes manifestaciones y decisiones adoptadas por el subdirector general de Sanidad Exterior, Fernando Carreras”.
El sindicato detalla que entre las decisiones destaca “que se les haya propuesto una cantidad a cobrar a condición de que tramitaran un gran número de expedientes”, así como la suspensión de las tomas de muestras y los controles que establece el Plan de Vigilancia ante determinadas mercancías susceptibles de ser perjudiciales de la salud, “lo que ha supuesto poner en riesgo al consumidor final”.
Decisiones erróneas
Desde Coordinadora TPA también se ha denunciado que “se les ha retirado el teletrabajo no solo a los funcionarios del Puerto de Algeciras, sino también al resto de funcionarios de Sanidad Exterior; se les haya negado la posibilidad de poder disfrutar de asuntos propios; y se les haya cambiado el procedimiento de actuación por el cual los técnicos podían realizar inspecciones agilizando y aliviando de carga a los inspectores, generando un efecto inverso ya que los inspectores soportan una sobrecarga, frente a los técnicos a los que prácticamente su labor profesional ha sido menospreciada”.
Esto es “un cúmulo de decisiones erróneas que ha hecho que este colectivo vea perjudicadas sus condiciones laborales y salariales”. Además, se ha subrayado que se han establecido cambios en los protocolos adoptados “al margen de la opinión de los funcionarios,que son los que conocen de primera mano la complejidad de los controles oficiales”.
Cabe recordar que en el año 2006 se les garantizó y se certificó una productividad, que se reparte desde las subdelegaciones correspondientes, para el personal administrativo, técnico e inspectores del puerto, “que hoy en día no está llegando a estos colectivos a pesar de que el gasto si se está ejecutando”. Mientras que, en otros puertos, como en el de Barcelona, sí lo cobran, en el de Algeciras “se han repartido a otras instancias, según informes aportados desde el Portal de Transparencia”.
Soluciones
Los funcionarios llevan años pidiendo soluciones a los ministerios de Sanidad y de Política Territorial; al igual que la propia Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras que ha expuesto la problemática ante la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, ante la directora general de Salud Pública, al presidente de Puertos del Estado, y más recientemente ante el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía.
“Hay que tener en cuenta que se trata de una situación de la que no son ajenos los demás colectivos, como las empresas de transitarios y sus trabajadores, la propia empresa gestora de almacenamiento o las terminales; si bien, desde el departamento de explotación portuaria y la Policía Portuaria se ha estado trabajando para intentar minimizar su impacto”.
Por todo ello, desde el sindicato Coordinadora se les viene mostrando todo el apoyo posible, con la confianza de que “las administraciones competentes adopten las decisiones más acertadas en aras al buen desarrollo de la actividad en el puerto de Algeciras y la defensa de los derechos del colectivo”.
