MADRID. Este nuevo sistema para controlar las emisiones de dióxido de carbono (CO2) del transporte marítimo en la UE obligará a todos los buques que escalen en puertos europeos a pagar derechos de emisión.
Las terminales portuarias españolas temen que, huyendo del cumplimiento de esa normativa, una parte sustancial de los tráficos de transbordo se trasladen desde los puertos del sur de Europa hasta otros puertos extracomunitarios. De acuerdo con estudios realizados por distintos expertos, esta previsible fuga de tráficos afectará a la competitividad de los puertos españoles que realizan actividades de transbordo, las cuales suponen el 55% del total de las mercancías manipuladas en todo el sistema portuario español, y tendrá impacto en sus economías locales.
Cabe señalar que, durante la tramitación de la directiva, se introdujo el concepto de “puertos vecinos de transbordo”, para aquellos puertos extracomunitarios que a una distancia inferior a 300 millas de puertos comunitarios tengan más de un 65% de su tráfico como transbordo. Una medida que la patronal de la estiba considera insuficiente puesto que el pago del gravamen es evitable modificando las rutas hacia puertos extracomunitarios, lo que sitúa a los puertos comunitarios en situación de clara desigualdad respecto a sus vecinos.
Por todo ello ANESCO respalda la solicitud de moratoria en la aplicación de la directiva del ETS a los efectos de minimizar las repercusiones negativas de la misma. De hecho, una moratoria similar a la solicitada se ha concedido recientemente al sector de la automoción ante el daño que ocasionaba la nueva normativa de emisiones.