La Asociación de Fabricantes y Distribuidores, AECOC, ha compartido con los diferentes partidos políticos un documento en el que se solicita al próximo gobierno que “active los mecanismos y las líneas de acción necesarias para incentivar el aumento del tejido empresarial y el crecimiento y buen gobierno de las ya existentes”.
MADRID. Ante la proximidad de la cita electoral, AECOC tiene como principal petición que “salga de las urnas una cultura de respeto institucional que ponga en valor el papel de las empresas para el desarrollo económico del país y el bienestar social”, y recuerda que “las empresas son las principales generadoras de empleo y, por tanto, contribuyen de forma imprescindible al bienestar y cohesión de la sociedad”.
Para los ámbitos de la logística y el transporte, el gran consumo exige la aprobación de las 44 toneladas de carga para los vehículos de transporte terrestre de mercancías, la puesta en marcha del Corredor Mediterráneo; y la armonización de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y de las medidas para la Distribución Urbana de Mercancías (DUM).
El documento recuerda que la cadena de valor del sector del gran consumo “ha tenido un papel muy relevante para combatir la inestabilidad e incertidumbre de estos últimos años”, garantizando el suministro durante la pandemia y reduciendo sus márgenes “para no castigar más a los consumidores” en la mayor inflación de costes de las últimas décadas.
Competitividad administrativa, normativa y fiscal
Para el fomento de la actividad empresarial, AECOC remarca la necesidad de que el próximo ejecutivo “vele por un marco normativo y una fiscalidad que no sean un freno a la competitividad de las empresas”. En este sentido, la Asociación reclama un modelo de competitividad administrativa, normativa y fiscal.
Entre las medidas de competitividad administrativa, AECOC propone “reducir la sobrecarga que generan los trámites administrativos que no aportan valor a la industria, a la distribución ni al consumidor final”.
Desde la perspectiva de la competitividad normativa, la Asociación propone que las regulaciones vinculadas a directivas y reglamentos europeos “no incrementen los objetivos o requisitos fijados por la Unión Europea”; una armonización legislativa “que permita a las empresas operar en todo el Estado con unas mínimas reglas comunes y sin duplicidades que generen costes innecesarios”; y “normativas que faciliten la incorporación de herramientas tecnológicas basadas en estándares internacionales”.
En cuanto a la competitividad fiscal, el documento plantea cuestiones como “minimizar las discrepancias territoriales derivadas de las políticas tributarias”, “no penalizar fiscalmente a las empresas con establecimientos físicos” y “basar la implantación de nuevos tributos en estudios y criterios completos”.
